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LA CLASE

Casos ambientales

María Paula Rubiano


Guajira Azul, ¿el fin de la sed wayuu?

En 2016, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGR) instaló en el sector de Casa Azul, en Manaure (La Guajira) una planta desalinizadora móvil para llevar agua a los cerca de 13.000 indígenas wayuus que se asientan en esa zona del departamento. La medida se celebró con bombos y platillos. Se dijo que de esta forma el Estado colombiano empezaba, tarde pero seguro, a responderles a las comunidades ya protegidas por medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Tres años después, pocos se percataron de que la planta móvil de la UNGR estaba arrumada a espaldas de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, y el viceministro de Agua y Saneamiento Básico, José Luis Acero, mientras anunciaban que esta vez sí su Gobierno traía la solución definitiva para la sed de las comunidades wayuus.
Los funcionarios inauguraban la primera planta de tratamiento del proyecto Guajira Azul, que costó $4.500 millones y lleva el mismo nombre del sector donde se ubica: Casa Azul.

Guajira Azul no es cualquier tontería: con una inversión de $550.000 millones, el Gobierno busca “ampliar la cobertura de agua potable y saneamiento básico del 4 al 70 % en zonas rurales de La Guajira, aumentar la continuidad del servicio de 9 a 16 horas al día, pasar del 26 al 86 % de municipios con agua apta para el consumo humano y elevar el tratamiento de aguas residuales urbanas del 24 al 68 %”.

La idea es que en todo el departamento se instalen 19 plantas desalinizadoras como Casa Azul, con una capacidad de mínimo 6 litros/segundo. Alrededor de cada planta se construirán varias pilas públicas, hasta donde carrotanques llevarán el agua potable. Hasta esas casitas caminarán los indígenas desde sus rancherías para recoger el agua. Según los cálculos del Ministerio, las 128 pilas públicas permitirán que los trayectos por agua que hacen los wayuus se reduzcan de ocho kilómetros a máximo dos.


Este es el diseño general del proyecto Guajira Azul, de acuerdo con el Ministerio de Vivienda. / Fuente: Ministerio de Vivienda

El viceministro Acero asegura que Guajira Azul aprendió de los errores pasados. Según él, a diferencia de los modelos que pretendían llevar el agua en carrotanques hasta las 2.200 rancherías dispersas en el desierto guajiro —una tarea costosa y poco efectiva—, el sistema de pilas públicas permite que, aunque la potabilización esté centralizada, las comunidades no tengan que desplazarse largas distancias y que los recorridos de los carrotanques sean mucho menores.

Si embargo, para algunos de los asistentes al evento de lanzamiento de Guajira Azul, la iniciativa tiene los mismos pecados fundacionales de sus antecesores. Temen que, como la planta móvil de la UNGR que reposaba a espaldas de los funcionarios, Casa Azul se convierta en otro esqueleto de buenas intenciones y mala planeación.

La gente al mando

Camilo Cañón llegó a La Guajira hace tres años. Este ingeniero y emprendedor buscaba llevar una solución de agua potable para La Guajira. No era el único. Sabrina Zimmerman, asesora de proyectos de potabilización en la región desde 2006, cuenta que en 2014 (año de un intenso fenómeno de El Niño), la región se llenó de organizaciones y proyectos de gobierno que, a pesar de las intenciones, muchas veces proponían soluciones inviables para un territorio difícil y unas comunidades pobres y olvidadas. Cañón no quería ser uno de ellos.

Después de leer durante meses, llegó a un modelo del alemán Oliver Kopsch que había tenido éxito en Etiopía y que, dice él, tiene un único pilar: la autosostenibilidad. Construyó una pequeña planta que funciona con energía solar en un internado en Manaure, operada por un wayuu, quien la distribuye a los 1.200 niños de la escuela y vende el excedente en una bicicleta.

“Si yo tengo una unidad en un lugar alejado de los centros, me tengo que asegurar que esta tecnología tiene un costo de operación lo más bajo posible y lo más sencillo de manejar posible”, dice. Para él, Guajira Azul no cumple ninguno de estos requisitos.

Loana Pinto, quien coordina el equipo de agua potable de la Administración Temporal del Gobierno central en La Guajira, defiende el nuevo modelo. Explica que en él las comunidades indígenas crearán sus propias empresas prestadoras del servicio de agua y serán las que manejen las plantas, las pilas públicas y los carrotanques.

De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, “en las pilas públicas se capacitarán a los operarios para hacer monitoreo de calidad del agua con kits portátiles, adicionalmente a la salida de la planta se cuenta con macromedidores”.

Esta es la primera pública construida, cerca a Casa Azul. La ubicación de las pilas públicas fue escogida con las comunidades, pues estos lugares son “puntos de encuentro” tradicionales de los indígenas en sus travesías por el desierto. / Cortesía Camilo Cañón

Para Cañón, aprender a manejar estos kits y leer medidores de las plantas es un proceso de años, no meses. Para él, es cuestión de tiempo para que una planta falle y, como la comunidad no tiene el conocimiento técnico para repararla, se apague.

Por su parte, Loana Pinto dice que están confiados en que su acompañamiento bastará. Señala que, durante los primeros meses de operación, las comunidades trabajarán de la mano de Aguas Nacionales, el Ministerio de Vivienda y la Administración temporal de competencias. En el caso de Casa Azul, se espera acompañar el proceso hasta diciembre de este año. Después, deberá ser la administración del departamento la que provea este acompañamiento.

Es precisamente este punto el que no puede fallar, dice Manuela Pinilla, directora de país de la ONG Water Aid, que trabaja en La Guajira. Pinilla es clara: “Las comunidades no pueden solas, ellos requieren asistencia en temas de mantenimiento y operación. El modelo requiere una inversión importante de recursos por parte de la Gobernación de La Guajira y esto debe estar dentro de los planes locales de gobierno. Para nosotros,el modelo solo funcionará a largo plazo si alcaldías y gobernaciones hacen su parte”.

¿Y quién paga esto?

José Fernando Botero, docente de Gestión de Proyectos Públicos en la Universidad Nacional, quien conoce de cerca el proyecto de Cañón, asegura que otra gran debilidad que ve en el nuevo proyecto gubernamental es el alto costo que podrían llegar a tener estas plantas. “Si son los municipios y gobernaciones los que pagan la operación y mantenimiento, se necesitan tecnologías que funcionen con fuentes de energía baratas y, de este modo, se disminuyan los costos”, afirma.

De acuerdo con el Ministerio, esto se tuvo en cuenta a la hora de plantear el proyecto: se quieren priorizar energías como la eólica, la solar y el gas, y como última opción el diésel. Sin embargo, explica, la solar tiene una debilidad para el modelo: requiere demasiado terreno. “Por ejemplo, para una planta de tratamiento del tamaño de Casa Azul se requeriría alrededor de 5.000 metros cuadrados de paneles. El área requerida podría ser cercana a los 10.000 metros cuadrados”, le dijeron a este medio.

Casa Azul funciona con un sistema mixto de energías. Los panales solares proveen la energía para bombear el agua desde el pozo hasta la planta desalinizadora. / Cortesía Camilo Cañón

Para Casa Azul, se calcula que un año de operaciones costará $479 millones. Para pagarlos, las comunidades acordaron que el municipio asuma el 70 % de estos costos y los resguardos (no las familias indígenas) paguen el 30 % restante. También en este sentido, gran parte del éxito dependerá de los gobiernos locales de La Guajira. Para Camilo Cañón, esto no es bueno. “La Guajira se caracteriza por su inestabilidad política. Lo ideal es un modelo en el que cada comunidad sea autosuficiente y no dependa de ellos para tener agua”.

Manuela Pinilla, de Water Aid, se sitúa en un punto intermedio: si bien cree que el modelo de Guajira Azul es acertado, necesita enormes acciones para andar. Cree, además, que no puede ser la única solución para el territorio. “Necesitamos modelos territoriales y que entiendan la realidad de las comunidades con sus recursos. Que La Guajira no dependa de una única gran solución, sino que se reconozcan múltiples posibilidades para satisfacer sus necesidades”, concluye.

María Paula Rubiano

Periodista Blog El Río y El Espectador

María Paula Rubiano

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