6507_junta_de_negocios
Usos múltiples


Carlos Barrachina Lisón


La seguridad pública como negocio: Genaro García Luna y su índice GLAC

Los problemas de seguridad en México están sobre diagnosticados. Falta fortaleza en las instituciones públicas, y voluntad política para impulsar la trasformación del sistema de seguridad; y sobran ganas de meterle mano al abundante presupuesto público destinado a traer paz a los mexicanos.

El libro que Genaro García Luna publicó en el año 2018 es un claro ejemplo de ello. Se titula “Seguridad con bienestar: un nuevo modelo de seguridad integral”. Alguno llegó a pensar que éste pudiera ser un esfuerzo del ingeniero García Luna de volverse a sumar a la administración pública, en este caso trabajando para el que entonces era probable ganador de las elecciones Andrés Manuel López Obrador. Se manejó mucho durante la campaña el concepto del “bienestar” que retoma este trabajo.

La verdad es que verlo de esta forma fue un error. Después de hacer un diagnóstico certero sobre el estado de la seguridad pública en México, lo cual no es difícil por lo sobre diagnosticado que está el tema, el objetivo del antiguo secretario de seguridad pública era “vender” a la federación, a estados, a municipios, o a quien quisiera comprarlo una plataforma de análisis de información y análisis predictivo; cuyo componente principal es un algoritmo matemático, bautizado como índice GLAC, que integra el cálculo de más de 1.300 variables para hacer un análisis comparativo y predictivo, con una serie mínima temporal de 15 años. Este índice pretende estudiar las causas técnicas en el orden técnico de la inseguridad, así como variables sociales, económicas y de salud.

El modelo de seguridad con bienestar de García Luna tiene una vocación multidimensional, como señala Naciones Unidas que debe ser, y pretende contemplar y evaluar variables como la estructura delictiva; los componentes directos de la violencia (mercados ilícitos, logística delictiva y deterioro institucional); y los componentes indirectos de la misma (que identifica como determinantes sociales).

El nuevo modelo de seguridad pública que defiende el ingeniero, es el viejo que trató de impulsar en el sexenio del presidente Calderón. Un modelo en el que la tecnología y la información eran herramientas fundamentales. No le falta razón al señalar que la falta de constancia y paciencia de la clase política en la política de transformación del sistema nacional de seguridad pública (se olvida de la corrupción), se encuentra detrás de la debilidad institucional que gobierna en este tema al país.

Hay varios aspectos del análisis que son inapelables: 1. El estado mexicano no se ha preocupado por crear instituciones para el estado de derecho; 2. Se ha buscado meramente administrar la violencia y el delito; 3. El combate en México contra la delincuencia y el crimen organizado es improvisado y se deja al azar; 4. El involucramiento de las fuerzas armadas no es un símbolo de fuerza, sino de debilidad del estado; 5. La debilidad del estado mexicano abre la posibilidad de romper la ley ; 6. No se ha sabido o no se ha querido fortalecer las instituciones de seguridad pública; y 7. Se requiere de una estrategia de estado y no una respuesta coyuntural.

Por otra parte, el ingeniero presenta una idea interesante, que aprovecha para golpear las políticas del presidente Enrique Peña Nieto, y justifica la interrupción del éxito que supuestamente debería haber tenido la política de Felipe Calderón. Analiza los casos de Medellín, Chicago, Nueva York, Palermo y Ciudad Juárez y afirma que es posible ganarle la batalla al crimen organizado con políticas frontales. En todos estos casos, señala, el estado se involucró con seriedad en recuperar los espacios, teniendo un repunte de la violencia al principio, pero ganando la batalla al final al lograr reducir la violencia y el crimen. En este sentido en el sexenio de Peña Nieto se dio tregua al crimen organizado, que se reestructuró y reorganizó, y que finalmente ha regresado a niveles delictivos incluso superiores a los del sexenio de Calderón.

Es en ese punto en el que le lanza un mensaje a Andrés Manuel López Obrador y señala que para lograr la seguridad no basta únicamente plantear estrategias de combate directo al crimen organizado, sino que debe procurarse el bienestar económico permanente de la población, estableciendo estrategias de desarrollo humano y de combate a la pobreza: en ese contexto presenta su plataforma de información como un instrumento para poder tomar decisiones políticas oportunas.

Es entendible la posición empresarial de Genaro García Luna. Ya no se encuentra en la administración pública, y presenta una propuesta de negocio que a más de uno le puede parecer interesante. Sin embargo, esa ha sido la tendencia de los políticos en los últimos años. Se han invertido una cantidad impresionante de miles de millones de pesos y no hay resultados porque no se han construido instituciones, especialmente en el ámbito local y estatal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador al final ha optado por darle la razón a los militares y ha reconocido la debilidad institucional. El ejército, obligado a permanecer en las calles, pidió protección constitucional, porque expresamente tiene prohibido participar en actividades de seguridad pública. Utilizó en primer lugar una figura que se encontraba en la carta magna, y que era familiar para las fuerzas armadas, como era el de “seguridad interior”, que en la guerra fría fue utilizado para combatir las ideas políticas de los ciudadanos considerados como “subversivos”; y la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la ley aprobada el 21 de diciembre del 2017. Finalmente, de nueva cuenta, las fuerzas armadas le han dado la vuelta al asunto, y han rescatado otra figura constitucional “la guardia nacional”, que tiene menos implicaciones políticas, para seguir presente “de forma temporal”, “teóricamente” bajo un mando civil en el combate contra el crimen organizado.

La seguridad pública no debe ser visto como un campo en el que es sencillo hacer negocios. Cuánta corrupción se ha manejado en las últimas décadas. Cuánta simulación en capacitación, en programas de prevención social del delito, en tecnología, comunicaciones y videovigilancia, en adquisiciones de armamento, de equipo y de programas ha tenido que soportar México. La propuesta de García Luna sigue en la línea de esta tradición. Ojalá el presidente de la República, los legisladores nacionales y locales, los gobernadores y los alcaldes entiendan que la seguridad de los mexicanos está por encima de sus intereses personales y se dediquen a construir instituciones civiles sólidas, sin dejarse llevar por ocurrencias, o por improvisaciones.

Publicado en Por Esto 10 de abril 2019

Carlos Barrachina Lisón

Agregar comentario