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Orientación educativa

Sentido Común

Hernán Sorhuet Gelós


Intransigencia gubernamental en Uruguay

A medida que avanza la intención de construir una gran planta productora de celulosa sobre las márgenes del río Negro, aumenta la incertidumbre por conocer cuáles son las medidas que el Poder Ejecutivo tomará para descontaminar sus aguas.

Esta fue una de las promesas “tranquilizadoras” que en su momento esbozó la ministra de Medio Ambiente cuando reconoció que el gran río que cruza nuestro territorio ya está muy contaminado, debido a las actividades agropecuarias y a centros poblados que existen en su cuenca y vierten las aguas servidas en él.

No hay que ser un especialista para concluir que si a esa situación se le agrega el funcionamiento de una mega fábrica que consume gigantescos volúmenes de agua, la situación empeorará de manera notoria.

La preocupación de mucha gente se ha incrementado al producirse anuncios como el realizado por el ente eléctrico UTE cuando, a principio de mes, hizo pública su intención de elevar el nivel del lago artificial Rincón del Bonete hasta la cota 81, con el fin de mejorar la previsibilidad de generación de electricidad en momento de agudo déficit hídrico.

De concretarse tal medida inundaría unas 10 mil hectáreas de campos productivos y sectores de la costa con alto valor socio económico como lo es, por ejemplo, el balneario de San Gregorio de Polanco en el departamento de Tacuarembó –su principal fuente de ingresos.

El Consejo Municipal de esa ciudad resolvió por unanimidad apoyar las gestiones de la Intendencia tacuaremboense de evitar que UTE concrete su decisión, basada en que es “ilegítima”, violatoria de las normas vigentes en materia de ordenamiento territorial. Entienden que tal inundación permanente podría destruir los medios de vida del 80% de sus pobladores.

Resulta muy difícil neutralizar la suspicacia que genera el hecho de que justo ahora UTE proponga esta medida con tanto impacto social, económico y ambiental, cuando, al mismo tiempo el gobierno debe asegurarle –por contrato- a la empresa extranjera un gigantesco suministro mínimo de unos 5.600 millones de litros de agua diarios. ¿Por qué tanta agua? Según el estudio de impacto ambiental aportado por la empresa, ese requerimiento hídrico le permitiría diluir en más de 50 veces los efluentes de esa planta que irán a parar al río.

Se pretende así alcanzar una dilución lo suficientemente alta como para no agravar aún más el deterioro que experimentan las aguas del río Negro.

Siguiendo esta línea de razonamiento tiene sentido que la empresa haya elegido a Pueblo Centenario para instalar su fábrica, pues se ubica aguas abajo de la represa. En caso de necesitar volúmenes extras de agua en tiempos de estrés hídrico, el suministro adicional se lo proveerá el embalse del lago, siempre y cuando tenga agua suficiente para satisfacer la demanda de UTE y de UPM. Se sabe que la ocurrencia de sequías severas en el país es un fenómeno cíclico.

Si hasta ahora las autoridades han permitido que las aguas del río Negro exhiban su actual grado de deterioro sin “mover un dedo”, qué debemos esperar si le agregamos el funcionamiento de la pastera más grande que tendrá el país.

Creemos que muchos de los aspectos que incluye el contrato firmado por el gobierno son inconvenientes a los intereses del país a mediano y largo plazo.

Columna publicada en el diario EL PAIS de Montevideo el 26/12/2018

Hernán Sorhuet Gelós
Destacado conferencista y escritor uruguayo. Educador, comunicólogo y periodista ambiental. En su vasta obra de libros de Educación Ambiental para niños, incluye temas como el cambio climático, la biodiversidad y los residuos sólidos.

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