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Deserciones


César Ramírez Peredo

Capítulo publicado en el libro “A 50 Años del 68. Persistencia de la Memoria” coordinado por Ana María Arias Servín y Juan Trejo Guerrero, editado por el Patronato de la Universidad Autónoma de Querétaro en octubre de 2018.

Violencia en 1968 y 50 años después

Hablar de violencia en estos días no es una tarea sencilla. Significa recordar en primera instancia tragedias que vemos todos los días y que se presentan en maneras impensables desde hace no muchos años al grado de la cotidianeidad. En estos momentos en los que uno escribe, en los que se leen estos renglones, en cada instante, pueden estar ocurriendo sucesos de violencia extrema (secuestros, violaciones, violencia por la llamada “guerra al narcotráfico”, asesinatos por simples delitos, etcétera), ante todo lo cual queda cuestionada seriamente la seguridad que debe proporcionar el Estado mexicano a la ciudadanía.

Para entender lo violento debemos repasar las definiciones de la Real Academia Española como: 1. Que actúa con ímpetu y fuerza y se deja llevar por la ira… 2. Que implica una fuerza e intensidad extraordinarias… 3. Que implica el uso de la fuerza, física o moral, entre otras acepciones. Por su parte, el Diccionario UNESCO de Ciencias Sociales (reimp. 1987), define lo siguiente: “Normalmente, se entiende por violencia todo cuanto se encamine a conseguir algo mediante el empleo de una fuerza, a menudo física, que anula la voluntad del otro”, distinguiéndose de la simple “intimidación” y con el fin de inspirar en terceros el “temor racional y fundado a sufrir un mal inminente en su persona, bienes o familia”.

Debemos recordar que en aquellos años eran recientes las expresiones a través de intensas movilizaciones de ciudadanos, obreros, estudiantes y jóvenes, como sucedió en el trascendente Mayo del 68 en Francia y en la Primavera de Praga de Checoslovaquia (enero-agosto de 1968) en donde se cuestionaron profundamente no sólo las bases del sistema capitalista, sino también el deseo de libertad democrática, incluyendo por lo mismo la protesta contra el socialismo de Estado. En México, previamente y en años relativamente cercanos existían ya movilizaciones de protesta similares y antecedentes de represiones violentas, destacando por su fuerza la de los años 1958 a 1959 aplicada por las autoridades para reprimir al movimiento ferrocarrilero. Se dieron así en años subsiguientes movimientos sociales, políticos y culturales manifestando el hartazgo de represión en muchos aspectos de la vida de los ciudadanos, si bien eran movimientos bastante focalizados y desintegrados de su propio sector. Aunque sea como una acotación al margen, no es casual que haya emergido en el ámbito cultural juvenil el movimiento de la “literatura de la onda” reflejando una manera rebelde en la escritura del cuento, novelas, poesía, etc. recuperando de las calles el caló popular, lo irreverente de la escritura, lo rebelde de la juventud, siempre en búsqueda de un cambio, ahí sí, rompiendo paradigmas literarios con representantes como Parménides García Saldaña, Gustavo Sáinz, José Agustín y otros que también lucharon contra otro tipo de represión: la moral a través de la iglesia y del magisterio conservador más la de los representantes de la cultura oficial, pero dada la calidad del estilo y de sus ideas, trascendieron recurriendo a medios no oficiales que tuvieron confianza en ellos o por sus propios medios.

Es decir, no se trata exclusivamente del movimiento cívico-juvenil o estudiantil del año 1968. Existen referencias históricas de que en esa década existieron diversas protestas estudiantiles que fueron, en una u otra magnitud, controladas con el uso de la represión tanto legal como de violencia física a través de todos los elementos posibles del aparato represivo del Estado y en los diferentes niveles de gobierno (federal, estatales y municipales), pues las movilizaciones estudiantiles no sólo fueron en el Distrito Federal, sino también en otros estados de la república (Sinaloa y Sonora, por ejemplo) que aunque en menores dimensiones, fueron reprimidas de manera violenta.

Propiamente, el movimiento del 68 trataba de un reclamo ante la falta de condiciones democráticas educativas y de protesta ante la represión violenta de un hecho muy particular (pelea entre grupos de estudiantes las Vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional contra los de la Preparatoria Isaac Ochoterena de la Universidad Nacional Autónoma de México), lo cual rebasó los límites hasta convertirse en demandas no solamente de los estudiantes, sino también del sistema universitario como tal, es decir, por parte de las autoridades universitarias y del sindicalismo democrático no cooptado por el sindicalismo corporativista tradicional, exigiendo todos ellos el respeto a la autonomía universitaria y el abandono de instalaciones universitarias ocupadas por militares y policías.

“2 de octubre no se olvida”. Es la expresión que no pasa desapercibida cada año desde hace cincuenta años. Lo que es un reclamo ciudadano se refuerza cuando observamos el desprecio y el repudio que prevalece en las autoridades a lo que sean movimientos sociales, más aún si son de jóvenes estudiantes.

Durante la movilización de 1968 destaca la participación del rector de la UNAM, Javier Barros Sierra como un líder que respaldó las protestas de los grupos juveniles hasta llegar a la Manifestación del Silencio del 13 de septiembre con más de cien mil participantes que hizo ver las dimensiones de lo que el gobierno minimizaba en sus posibilidades de crecimiento, si bien aún causan extrañamiento los silencios y las débiles expresiones que, después de esa y otras manifestaciones, principalmente las habidas con ascenso de violencia pública en los días del 21 al 24 de septiembre, presentaron los rectores y otras autoridades universitarias que habían sido solidarias con sus estudiantes. Tras ello, se observó discrecionalmente por parte de las autoridades el diseño de tres operativos militares: 1) Operación Galeana, 2) Batallón Olimpia y 3) Órdenes a todo el país para reprimir toda movilización estudiantil posterior, inclusive, a los hechos del 2 de octubre. La violencia rebasó los límites “tradicionales”. Partiendo del bazucazo a la puerta de una escuela pública ubicada en un edificio de relevancia histórica, hasta el asesinato de varios jóvenes, sin provocación alguna, por parte de los aparatos represivos.

El dos de octubre, reunidos en una manifestación pacífica (y no era la primera en ser pacífica en esas fechas cercanas) y sin advertencia previa más que el disparo de unas cuantas luces de bengala y la presencia de soldados y policías por doquier alrededor de la manifestación en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Luego, el lanzamiento de gases lacrimógenos, los golpes a macanazos, los arrestos y los disparos de balas de distintos calibres por parte de policías, soldados y de hombres infiltrados en la manifestación que procedieron a identificarse todos ellos entre sí colocándose un guante blanco y sacando sus armas ocultas. Para las autoridades, los jóvenes sólo eran unos cuantos jóvenes rebeldes con tendencias comunistas que alteraban la paz de la nación. Al día siguiente sólo fue la inmediata limpieza de la sangre derramada y de cualquier vestigio, incluyendo la desaparición de grabaciones filmadas por parte del mismo gobierno.

Diez días después, el 12 de octubre, el inicio de las Olimpiadas y el festejo nacional. Quedó la acción de la fuerza pública desmedida no para defender los intereses del Estado; sólo para proteger los actos cuestionables hasta la fecha por parte de las autoridades locales y federales en turno.

Hubo suficientes testimonios que aparecieron hasta muchos años después mientras seguía ocultándose la masacre de cientos de estudiantes (la cantidad de fallecidos aún es inexacta dados los múltiples testimonios y las declaraciones oficiales sumamente confusas y contradictorias). Al grado en que el Secretario de Gobernación que giró la instrucción de permitir la entrada del ejército para reprimir en la noche del 2 de octubre fue el siguiente Presidente de la República a partir de 1970, Luis Echeverría Álvarez, sin democracia en su elección “popular”, sino prácticamente electo por el clásico “dedazo” del presidente saliente.

Quedó también “la mano tendida” de quienes representan el poder, en ese caso la de Gustavo Díaz Ordaz, pero con el doble mensaje, como hasta ahora conservan las autoridades, de si esa mano se extiende para un saludo o para aplastar cualquier clase de cuestionamiento, crítica o protesta.

Por parte del movimiento hubo errores como el de no identificar oportunamente quiénes eran sus aliados verdaderos o quiénes eran los traidores que abandonaron al mismo movimiento para dejarlo a disposición de quienes sólo deseaban proteger sus beneficios personales o de grupo en el poder.

No se olvida tampoco la extrema violencia aplicada durante el halconazo de 1971 (120 estudiantes asesinados en un sólo día) y para literalmente destruir durante la década de los años setenta el movimiento guerrillero existente en el Distrito Federal y en la sierra del estado de Guerrero, principalmente. Tampoco puede quedar en el olvido la Guerra Sucia durante la década de los años setenta incluyendo la casi naturalmente violenta represión a la Liga Comunista 23 de Septiembre. Años después, en 1985, desapareció la Dirección Federal de Seguridad y muchos de sus integrantes, quienes ante la falta de empleo y dadas las turbias relaciones creadas, pasan a formar parte de la delincuencia organizada del narcotráfico que antes llegaron a combatir o, más notoriamente, a proteger. Sumamos el conflicto de la lucha iniciada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional surgido el primero de enero de 1994 en el estado de Chiapas, rebasando hasta la fecha la cantidad de más de 200 indígenas muertos, a más de decenas de militares fallecidos en ese conflicto, cabe señalar. Un año y medio después, el 28 de junio de 1995 la policía de Coyuca de Benítez Guerrero, masacra a 17 campesinos y deja gravemente heridos a otros 23 en Aguas Blancas de ese municipio quedando evidencia clara de la matanza en un video que circula ampliamente en redes sociales.

Posteriormente, el 22 de diciembre de 1997 quedó marcada en la historia como otra fecha trágica al haber ocurrido la llamada Matanza de Acteal que se exhibe como un caso más de represión despiadada que resultó en el asesinato de 45 indígenas a manos de policías estatales con la probable participación del ejército mexicano; probable porque a pesar de las evidencias es un caso más que hasta la fecha permanece como un crimen impune.

Caso especial resulta el de la represión que se dio a los habitantes de San Salvador Atenco el 4 de mayo de 2006 quienes se manifestaban en contra de los intentos nada democráticos de parte de Vicente Fox Quezada (representante del “gobierno del cambio”), quien pretendía en coalición con el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, la construcción de un aeropuerto sin el consenso justo con la población afectada, posteriormente reprimida con violencia inusitada con saldo de dos jóvenes muertos, pero más de 200 personas encarceladas sin juicio alguno, entre las cuales al menos 30 mujeres sufrieron vejaciones y violaciones sexuales antes de y durante su encarcelamiento; casos que a las fechas en que esto se escribe aún se ventilan demandas de justicia debiendo recurrir los afectados, ya no a las instancias legales nacionales, sino a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Como referencia última para este breve escrito, pero no menos importante y como caso muy reciente en el que, de nueva cuenta, la justicia no es aplicada aún, es la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ubicada en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014 cuando se trasladaban a la Ciudad de México para conmemorar el aniversario del 2 de octubre de 1968. Más aún, durante los hechos de ese día fallecieron 9 personas (incluidas 3 personas que no participaban en el conflicto) y quedaron cerca de 30 heridos a manos de policías federales y estatales, lo cual llevó a la vinculación tanto del Gobernador del Estado de Guerrero (Ángel Aguirre Rivero, quien el 23 de octubre solicitó licencia para separarse del cargo) y del Presidente Municipal de Iguala (José Luis Abarca Velázquez, quien fue hecho preso junto con su esposa el 4 de noviembre, por supuesta complicidad). De las investigaciones iniciales se observó la complicidad del gobierno municipal con el grupo delincuencial Guerreros Unidos vinculado al narcotráfico. “Los 43 no se olvidan. Ayotzinapa vive” es el grito de padres, hermanos y compañeros de quienes fueron literalmente desaparecidos sin que haya acción clara y objetiva de parte de las autoridades para el esclarecimiento de este delito de autoridades.

Igual que hace 50 años, pareciera que quienes asesoran a la autoridad y las autoridades mismas, siempre lejanas a la población, carecen de una visión ética, honesta, sincera y profesional para interpretar los actos de la ciudadanía, los reclamos y sus necesidades. Son hechos que fueron minimizados con la solidaridad de prácticamente todos los medios masivos de comunicación aceptando como verdad absoluta la versión oficial de las autoridades y de sus intelectuales orgánicos, nada tan diferente a lo que observamos desde hace 50 años y a estas fechas en los medios, cada día y acerca de cada declaración oficial. Ahora la ciudadanía manifiesta su preocupación, ya no sólo de los aparatos represivos formalmente propios del Estado, sino también de la organización del crimen organizado que en múltiples ocasiones se encuentra coludida con las autoridades en las labores de represión violenta.

Durante estas cinco décadas hay ejemplos tan constantes, más de los que apenas hemos reseñado en estas líneas, que pareciera una estrategia sistemática heredada para reprimir con violencia a cada nueva generación sin consideración alguna al avance internacional en la definición de los derechos humanos; derechos que a la letra son coherentes, convincentes e irrefutables, pero que en la práctica son desechados tan violentamente como la represión que es aplicada a esas movilizaciones en lo que forma parte de una “violencia institucionalizada” (Irving L. Horowitz, 1970).

Ya existe una Comisión de la Verdad y una Comisión Nacional de Derechos Humanos, que han sido poco útiles pues están sumamente restringidas a investigar actos de aquellos pasados turbios, siendo sus facultades sumamente débiles y sus avances se dan con una lentitud que no merece la ciudadanía afectada.

Hay cientos de investigaciones; quedan escritas en libros, artículos, reseñas, ensayos, tesis, pero no en una seria legalidad que lleve a las sanciones que inclusive pudieran aplicarse retroactivamente por la gravedad de los actos de las autoridades de aquellos años en sus distintos niveles. Pareciera que a pesar de las décadas que pasan, encontramos un conjunto de complicidades heredadas entre los diferentes ámbitos del poder del Estado a fin de evitar la aplicación de una justicia a favor de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad en general que anhela la búsqueda de las verdades de cada acto de poder que injustamente se aplica con violencia para promover un control social que evite la fractura de un sistema social, económico y político cada vez más cuestionado por la ciudadanía.

En fechas recientes, el 21 de diciembre de 2017, observamos la promulgación de una Ley de Seguridad Interior que ha sido sumamente cuestionada por inconstitucionalidades que han comenzado a ser combatidas a través del amparo, habiéndose reconocido ya que en diversos de sus artículos es violatoria de los derechos humanos al permitir actos que no podrían ser sancionados ni reparados a los integrantes de la sociedad, además de violentar la libertad de expresión al permitir la censura a periodistas y a defensores de derechos humanos. La importancia de tomar en cuenta esta referencia consiste en que dicha Ley ha sido sumamente cuestionada por los excesos que podría cometer la fuerza pública en contra de los ciudadanos, legalizando lo que ya es un común en nuestra historia: la falta de transparencia, el ocultamiento de los actos anticonstitucionales que en aras de la “seguridad nacional” suele cometer las autoridades violando los derechos humanos de la ciudadanía, tal y como ha sido en cada ocasión en que la sociedad se organiza para manifestar su protesta en contra de uno o varios de los aspectos de un sistema que les limita sus expectativas y su desarrollo.

Observamos en todos los casos que hemos citado la dolosa falta de diálogo por parte de las autoridades: en las dictaduras (perfectas o imperfectas), en el autoritarismo, no hay diálogo: hay represión, hay violencia muchas veces desmedida ante cualquier intento sólido de pretender cambiar el statu quo que controla a la sociedad.

Quedan asentados así precedentes que permiten que los asesinatos del Estado queden sin juicio ni sentencia, sin pena ni castigo. Queda en la memoria la capacidad de resistencia de movimientos sociales que se precian de ser consecuentes y responsables con quienes son representados, con responsabilidad justa y democrática.

César Ramírez Peredo
Sociólogo de profesión egresado en 1989 de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco y Cooperativista de corazón y de razón desde 1990 hasta la fecha, radicado en el estado de Querétaro desde ese mismo año. Ha laborado y conocido ampliamente las implicaciones del sistema cooperativista como filosofía y como práctica no sólo en sus aspectos técnicos, sino ampliamente en su sentido humanista. Asimismo, desde el año 2009 ocasionalmente ha sido académico en la Licenciatura en Gestión y Desarrollo de Empresas Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro.

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