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LA CLASE

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José Antonio Román


México atraviesa la mayor crisis ambiental de su historia: José Raúl García Barrios

México atraviesa por la mayor crisis socio-ambiental de su historia, y de manera particular en materia hídrica, donde el daño a la salud se ha agravado y esparcido por todo el territorio nacional, aseguró, investigador del Centro Regional de Investigación Multidisciplinario (CRIM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El también coordinador nacional estratégico del agua denunció que el 70 por ciento del agua que tiene el país está concentrado en tan sólo 7 grandes concesionarios y corporaciones trasnacionales, provocando con ello que numerosas poblaciones estén bajo profundo estrés hídrico y proliferado conflictos sociales.

“En esas condiciones el sistema hídrico es incapaz de garantizar los derechos humanos y proteger la integridad de los ecosistemas acuáticos”, dijo, al participar en la inauguración de la Reunión Nacional por el Buen Gobierno del Agua, convocada por universidades e instituciones de educación superior y organizaciones de la sociedad civil.

En el evento, realizado en la sede de la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el especialista aseguró que la autoridad más que prevenir y promover la solución de los conflictos por el agua, se ha convertido en un agente de la desviación del poder político y económico, favoreciendo intereses privados y violentando los derechos de la población.

A lo largo de este lunes y martes, reunidos en diversas mesas de debate, investigadores y administradores universitarios y de centros de investigación trabajarán con representantes de organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos y de pueblos indígenas, así con futuros legisladores e integrantes de los Equipos de Transición, a fin acordar estrategias y acciones para avanzar hacia el buen gobierno del agua.

En su intervención, José Raúl García Barrios cuestionó severamente la manera en que México ha concebido la seguridad nacional en torno al agua, pues la información ha sido clasificada y la población —incluso las universidades y centros de investigación— está impedida de acceder a ella.

Por ello, el especialista dijo que una de las tareas del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador será la de poner la información hídrica en manos de las universidades e investigadores comprometidos con la sociedad, “para lo cual será necesario desclasificarla y pedir que rindan cuentas las institutos y centros de investigación públicos que hasta ahora se han encargado de su manejo”.

Ante los directivos universitarios, representantes de las ONGs, y la futura directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Alvarez-Buylla, quien lo presentó en la reunión, García Barrios dijo que el primer objetivo será que se cumplan cabalmente y en todas sus dimensiones dos de los derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida y el derecho humano al agua.

“Hay mucho por hacer, los problemas son gravísimos y la agenda enorme. Y la participación de las universidades e instituciones de educación superior será crucial y su responsabilidad muy grande. En materia de agua, México dejará de ser el país de las mentiras. Nos va la vida en ello”, concluyó.

Por su parte, Pedro Moctezuma Barragán, coordinador del Programa de Investigación para la Sustentabilidad, de la UAM, dijo que las políticas generales que ha seguido el país en los últimos gobiernos han favorecido que la autoridad del agua se subordine a grandes intereses a costa de la población y del medio ambiente.

Esto ha provocado, añadió, enormes impactos negativos en materia ambiental, inequidad en la distribución del agua, vulnerabilidad, inundaciones y sequias, contaminación de cuerpos de agua superficiales y subterráneos, así como la pérdida de la soberanía alimentaria.

Al citar también algunas cifras de la situación que en esta materia vive el país, dijo que mientras México exporta el 50 por ciento de sus alimentos, se ha desmantelado la infraestructura de riego, marginando a ejidos y comunidades.

Además, el 40 por ciento de las cuencas evaluadas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), en 2014, estaban contaminadas con sustancias diversas incluyendo metales tóxicos y sustancias radioactivas, situación que seguramente se ha agravado desde ese tiempo a la fecha, pues en esa misma fecha se reportaban 191 cuerpos superficiales de agua en serios procesos de deterioro.

Otro dato es que el 60 por ciento de la población depende de acuíferos sobreexplotados, debido a que la ley de aguas nacionales incurrió en un severo sobreconcesionamiento y acaparamiento del vital líquido, dijo.

Respecto a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Pedro Moctezuma señaló que este organismo público “se ha desatendido de sus funciones propias” y ha prescindido de sus mejores técnicos y profesionistas, para depender de consultores externos.

En este sentido, citó que en el caso del monitoreo de la calidad del agua del país, una sola empresa privada, Laboratorios ABC Intertek, es la instancia que maneja toda la información.

Lunes, 17 sep 2018 14:20

José Antonio Román

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