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Usos múltiples


Pedro Hernández Morales


¿Abrogar o cancelar la reforma educativa?

La reforma educativa a cinco años de su implementación ha resultado un estrepitoso fracaso para el gobierno de Peña Nieto pese al uso de toda la maquinaria del Estado para someter al magisterio. Sus objetivos de fortalecer a la educación pública, lograr el acceso de una educación de calidad, un desarrollo profesional de docentes y directivos y un servicio profesional docente que respetaría los derechos laborales del magisterio no ha pasado de la retórica gubernamental, tan llena de spots televisivos y carente de un ejercicio autocrítico de las graves afectaciones a la educación pública con estas políticas neoliberales.

Las principales transformaciones del sector educativo con la reforma educativa han configurado un entramado legislativo, jurídico, normativo y de política educativa cuya pretensión fue en todo momento el control del magisterio, la imposición de un modelo educativo, el desmantelamiento y la privatización de la educación pública y la afectación de los derechos de los trabajadores de la educación.

Entre otras acciones, se impuso una llamada autonomía de gestión para responsabilizar a los padres de familia del financiamiento a la educación, se creó el Servicio Profesional Docente (SPD) para controlar el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia de los docentes; en este periodo 200 mil docentes fueron obligados a jubilarse y sus plazas sometidas a concurso para cambiar el perfil docente normalista; también se apuntaló al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) como brazo ejecutor de la evaluación punitiva. Se cambió el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) por el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE) para centralizar los recursos que los estados deberían manejar. También se crearon el Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE), el Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela (SATE) y el Sistema de Información y Gestión Escolar (SIGE); con el supuesto de fortalecer la rectoría del estado sobre la educación.

Para desarticular este entramado político y jurídico se requiere construir la ruta legislativa para la abrogación de la reforma educativa, no basta enunciar que a partir del primero de diciembre de 2018 que asuma el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ésta se cancelará. Una vía es la presentación de una iniciativa preferencial y que una mayoría calificada del Congreso (66 por ciento de diputados o senadores presentes voten por su aprobación). Es decir, derogar en su totalidad las modificaciones al 3º y 73 constitucional que los partidos del Pacto por México aprobaron en 2013 y que se publicaron en el DOF el 26 de febrero de 2013. En seguida deben abrogarse las leyes secundarias y reglamentarias: Ley del Servicio Profesional Docente, Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, así como los cambios a la Ley General de Educación y a la Ley de Coordinación Fiscal. Para no dejar cabos sueltos, también deben derogarse los decretos que dieron vida al programa Escuelas al Cien, Escuelas de Tiempo Completo.

Como puntos mínimos para avanzar en la abrogación deben eliminarse del tercero constitucional la definición de calidad como máximo logro de aprendizaje. También debe quitarse el concepto de idoneidad del texto constitucional pues suponen que esto garantiza la calidad educativa, de igual forma se deben eliminar todas las evaluaciones estandarizadas a estudiantes y maestros, las figuras del SPD y del INEE. En los transitorios de la reforma constitucional se debe eliminar la autonomía de gestión que da cobertura a los procesos de privatización de la educación que hemos denunciado.

En lo inmediato deben suspenderse las notificaciones para la evaluación del cuarto grupo, las amenazas y presiones que las autoridades están realizando sobre los maestros. También debe cancelarse el modelo educativo echado a andar en este inicio de clases del ciclo escolar 2018-2019, en tanto no se revisa y construye uno nuevo con la participación real de los maestros, padres de familia, investigadores y estudiantes.

Los legisladores de Morena y sus aliados que alcanzan la mayoría calificada en ambas cámaras deben poner manos a la obra, es decir, legislar para abrogar la reforma educativa y todos sus componentes y no sólo exhortar a la SEP e INEE que han respondido que continuarán la evaluación punitiva amparada en el mandato constitucional.

Los foros y consulta educativa que ha encabezado el gobierno electo deben transformarse en auténticos espacios de discusión y análisis del estado actual de la educación y de la necesaria transformación del sistema educativo, no debe simularse que se escucha a todos y limitarse la participación a sólo algunos elegidos. La permanencia de la educación pública está en juego, la cuarta transformación también debe de cambiar de raíz las políticas educativas.

Nos solidarizamos con los estudiantes universitarios que hoy se indignan y organizan para exigir el castigo a los culpables intelectuales y materiales de la brutal agresión que sufrieron en días pasados.

Pedro Hernández Morales
Profesor normalista Ciudad de México

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