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LA CLASE

Tema del mes

Marcelino Guerra Mendoza
Lucía Rivera Ferreiro
Roberto González Villarreal


Comunidades educativas en resistencia para después de las elecciones

Tenemos en puerta las elecciones y las tres coaliciones contendientes no dejan de repetir sus promesas electorales en materia educativa, con la esperanza de acumular cada vez más adeptos y votos por parte del magisterio. Las coincidencias son muchas, las propuestas no difieren gran cosa, por el contrario, son bastante cercanas, como para no dejar margen de decisión a los maestros votantes. Si no hay brechas significativas entre ellos, si al final todos prometen lo mismo ¿qué más da votar por quien sea?

Las tres coaliciones plantean más capacitación y menos evaluación; también el respeto al magisterio, no más denigración y maltrato al gremio; eso ha dicho hasta Meade. El último fin de semana de mayo, dejó en claro la coincidencia con las promesas de las otras coaliciones: un modelo de evaluación contextualizado y formativo; apoyar la profesionalización docente y resolver fallas en el sistema de enseñanza. Para lo cual plantea reducir las cargas inútiles de trabajo para docentes y directores, elevar el salario base, crear el instituto Prodocente y la actualización de las escuelas normales (Ofrece Mead resolver las fallas del sistema educativo).

Todas estas promesas, pretenden ser una respuesta a las acciones en contra del magisterio llevadas a cabo durante el gobierno priista de Peña Nieto. Hicieron de la evaluación un medio para la represión y denigración del docente, restaron la profesionalización para convertirla en idoneidad técnica a través de todos los criterios para tener derecho a la evaluación; así como los impuestos para el trabajo en las escuelas. Las cargas de trabajo tenían el fin de saturar al maestro para que éste no se ocupara de ninguna otra más que lo planteado en los programas de la reforma educativa, como el de escuela al centro, la ruta de mejora, autonomía de gestión y escuelas al CIEN.

Finalmente, el modelo de la restructuración de las escuelas normales se inició hace más de un año; en medio de la confrontación entre normalistas, —que dicho sea de paso, ha de tener muy contento a Otto Granados—, se ha anunciado la existencia de un nuevo plan curricular. También las reglas del proceso de ingreso a estas instituciones fueron modificadas; todo como parte del paquete completo de la reforma educativa.

Queda claro que cada uno de los agravios cometidos contra el magisterio durante casi seis años, hoy se han transformado como por arte de magia, en convenientes promesas para los tiempos electorales que corren. El cinismo político es total, igual que el exhibido en los graves casos de corrupción e impunidad del gobierno saliente ante el desvío de recursos públicos.

¿De qué otra forma explicar el hecho de que Meade hiciera tantas promesas en la Arena México el 26 de mayo, frente a maestros del Partido Nueva Alianza (PANAL) y el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), exactamente el mismo día en que se cumplían 44 meses de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y Juan Díaz de la Torre comprometiera la movilización de 300 mil maestros para llevar al candidato del PRI a la presidencia de la república (Ofrece el SNTE 300 mil maestros a Meade)?. Pero quizá lo más grave no son las promesas, sino la falta de respuesta magisterial ante estos hechos.

Como ya lo hemos dicho reiteradamente, ninguna de las coaliciones plantea la abrogación de la reforma educativa. A juzgar por el contenido de sus promesas, las tres comparten y están de acuerdo en la calidad educativa como el eje rector de la reforma y futuro de la formación de niños y jóvenes. Lo único que prometen es suavizar los mecanismos y estrategias de evaluación, pero en el fondo pretenden seguir abonando el terreno educativo para que los programas de la reforma continúen dando frutos en cuanto a la formación del nuevo capital humano exitoso en el siglo XXI.

Ninguna de las coaliciones ha lanzado señales que indiquen intención alguna de detener los programas de la reforma que vienen operando en las escuelas desde hace tiempo y, peor aún, que ya se están perfilando para cuando se haya dado el cambio de gobierno.

En el fondo, esta situación refleja una aceptación tácita por parte de los docentes en relación con la calidad educativa y, por consiguiente, a la puesta en práctica de los programas referidos, avalados desde sus Consejos Técnicos Escolares, con base en los lineamientos y criterios determinados e impuestos por la SEP.

Tal parece que las promesas electorales de las coaliciones pegan en el centro de las prácticas escolares subjetivadas en los docentes; la reforma a través de sus programas se ha deslizado y afianzado sin mayores contratiempos. Si no es así, ¿cómo explicar entonces que las promesas electorales que plantean las tres coaliciones, de menos evaluación y más capacitación, caigan en un terreno fértil y se usen para ganar votos?

Es preocupante que las promesas de Meade y Anaya tengan el mismo efecto que las realizadas por López Obrador; los dos primeros son artífices y promotores a ultranza de la reforma educativa 2013. El tercero no es ajeno completamente a ella, muchos de sus allegados actuales la impulsaron en los debates parlamentarios, como es el caso de Mario Delgado.

¿Qué hacer si la reforma 2013 se cancela, como señala la coalición Juntos Haremos Historia, pero sus programas continúan con mayor profundidad y vehemencia en los espacios escolares? ¿A qué le llaman cancelación? ¿Qué programas alternativos ofrecen mientras la reforma se cancela?

Habrá que preguntarse por qué estas promesas electorales caen tan bien en el magisterio, por qué han sido tan bien recibidas, sin mayores cuestionamientos, sin mayores resistencias u obstáculos, sean profesores del SNTE o de la disidencia como la CNTE. Quizá se debe a que, como ha ocurrido en otros momentos históricos de la educación en el país, la práctica común en las escuelas es la implementación de modelos curriculares, con sus respectivos planes y programas, sustentados en políticas educativas, sin el mayor análisis, reflexión y cuestionamiento por parte de los maestros, sobre su orientación y alcance en la formación de las nuevas generaciones.

En lugar de este siempre necesario ejercicio analítico, muchos maestros se han dejado llevar por el canon crítico sobre la reforma; se limitan a repetir que la evaluación punitiva o, bien que es una reforma laboral o administrativa pero no educativa, a pesar de que desde el 2013 están siguiendo lineamientos impuestos de la ruta de mejora en la escuela y muchas otras iniciativas más.

Hoy en día, parte del movimiento magisterial disidente exige la abrogación de la reforma educativa y la instalación de una mesa única de negociación, sin dejar en claro qué significa esto, cuál es el proceso que se seguirá para lograrlo, cómo y quiénes podrían llevarla a cabo, qué implicaciones políticas, sociales y legislativas tendría. ¿Una mesa única de negociación de qué, para qué y con quiénes?

Ante la falta de claridad, no podemos dejar de insistir en la necesidad de construir desde abajo, comunidades educativas en resistencia, como forma de enfrentar los embates de una reforma educativa que no muestra señales de debilitamiento, sino todo lo contrario, avanza y se afianza con los nuevos planes y programas, la generalización del modelo educativo y la autonomía curricular para el próximo ciclo escolar 2018-2019.

Es tarea central de las comunidades escolares en resistencia, revisar y discutir cuál es el fin último de la reforma educativa, sus planteamientos centrales y las intenciones detrás de la tan llevada y traída calidad educativa. También comprender el sentido y significado de lo educativo en la reforma para, posteriormente, avanzar en el análisis del modelo educativo que se demanda concretar a las escuelas.

Para estar en posibilidad de construir alternativas particulares y singulares de resistencia, convendría responder a cuestionamientos como los siguientes: ¿Por qué se sometió a los docentes a una evaluación obligatoria en diferentes etapas? ¿Qué significa ser declarado idóneo o no para el sistema educativo? ¿La calidad educativa tiene que ver con el logro educativo estandarizado de los alumnos? ¿Cómo se está proponiendo elevar el logro educativo de los alumnos en las escuelas y qué costo social, político o cultural, tendrá en niños y jóvenes? En pocas palabras, problematizar el tipo de educación y formación que se pretende lograr con la reforma educativa iniciada en 2013.

La reforma es un proceso, y como tal, ha llegado de lleno al espacio escolar para ser concretada en los alumnos y padres de familia con estrategias y acciones específicas. De ahí que insistamos, una vez más, en la importancia de debatir colectivamente: ¿Después de la evaluación del magisterio sigue la evaluación de las escuelas para clasificarlas en idóneas y no idóneas, al igual que se hizo ya con los maestros?, ¿esta evaluación será para restarles presupuesto, limitar su capacidad de atención a la población estudiantil, forzar a los padres de familia a cubrir todos los gastos y en un momento dado, hasta contratar y conservar la planta docente en las escuelas? ¿Los maestros y padres están dispuestos a aceptar que la escuela se limite a formar un nuevo capital humano exitoso en lugar de contribuir a la formación de una persona crítica, reflexiva y democrática? ¿El modelo educativo busca potenciar en niñas y niños mexicanos el aprender a aprender, aprender a ser y aprender a convivir exitosamente en el siglo XXI? ¿Por qué el aprender a aprender, aprender a ser y a convivir, son los aprendizajes clave del nuevo modelo educativo? ¿Por qué que deben orientar los procesos y prácticas educativas en la escuela? ¿Los padres de familia están de acuerdo en este tipo de educación para sus hijos?

Todo esto hace pensar en la necesidad de construir formas alternativas de resistencia magisterial conjuntamente con los padres de familia en cada escuela. Porque cuando las resistencias se homogeneizan y se centran en un solo aspecto como el laboral, y se adoptan estrategias fijas de lucha, se corre el riesgo de bloquear la acción individual, de obturar el potencial colectivo, de invisibilizar los microespacios de acción política y las alternativas de construcción de lo común.

Publicado originalmente en Insurgencia magisterial

Marcelino Guerra Mendoza

Lucía Rivera Ferreiro
Profesora e investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional Ajusco

Roberto González Villarreal

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