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LA CLASE

Tema del mes

Carlos Hernández López


Aprovechamiento sustentable de los elementos naturales

Palabras CLAVE

Aprovechamiento sustentable; Equilibrio ecológico; Protección al medio ambiente; Recursos naturales; Fondo Minero.

Resumen

Aprovechamiento sustentable y conservación de los recursos naturales, son conceptos que en las últimas décadas buscan elevar el conocimiento de los entes públicos y privados, sobre el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas.

Este término se refiere al uso o explotación de un recurso mediante un proceso de extracción, transformación o valoración que permite o promueve su recuperación, de modo que garantiza su renovación y permanencia en el largo plazo.

La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos, en materia ambiental, uso de suelo y subsuelo y, explotación y conservación de recursos naturales. Misma que tiene como uno de sus principales objetivos, garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar, así como la preservación y restauración del equilibrio ecológico.

Es por ello que el Título Tercero de la referida Ley, tiene como propósito coordinar con los diferentes órdenes de gobierno y autoridades competentes, la exploración, explotación, aprovechamiento y administración de los recursos de la nación, en específico los referentes a las fuentes de abastecimiento de agua para el servicio de las poblaciones e industrias.

Summary

Sustainable use and conservation of natural resources, are concepts that in the last decades seek to raise the knowledge of public and private entities on the sustainable use of ecosystems.

This term refers to the use or exploitation of a resource through a process of extraction, transformation or valuation that allows or promotes its recovery, so that it guarantees its renewal and permanence in the long term.

The General Law of Ecological Equilibrium and Environmental Protection is regulated by Article 27 of the Political Constitution of the United Mexican States, in environmental matters, land use and subsoil, and exploitation and conservation of natural resources. Same as one of its main objectives, to guarantee the right of every person to live in a healthy environment for their development, health and well-being, as well as the preservation and restoration of the ecological balance.

That is why the Third Title of the aforementioned Law, has the purpose of coordinating with the different orders of government and competent authorities, the exploration, exploitation, exploitation and administration of the resources of the nation, specifically those referring to the sources of supply of water for the service of the populations and industries.

INTRODUCCIÓN

A través del presente trabajo de investigación, se realizará un análisis al Título Tercero de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, denominado “Aprovechamiento Sustentable de los Elementos Naturales”.

De igual forma, se abordará el marco normativo que en nuestro país, regula la utilización de los recursos naturales y la forma en que se debe de respetar la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas por periodos indefinidos, enunciado las convenciones, acuerdos, convenios, protocolos, anexos y enmiendas de las que el Estado mexicano es parte.

También se establecerá un escenario real de cómo el gobierno federal, impulsa la utilización de recursos públicos en inversión física con un impacto ambiental y de desarrollo urbano positivo, involucrando a los diferentes órdenes de gobierno, en conjunto con la sociedad civil.

Dicho escenario, abordará los aspectos positivos y negativos en la ejecución del procedimiento en mención, dando como resultado una propuesta que permita perfeccionar el sistema que actualmente se emplea, otorgándole a los beneficiarios de estos recursos públicos, mecanismos de defensa que garanticen su derecho a ejercerlos libremente.

1. APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS ELEMENTOS NATURALES

Aprovechamiento sustentable y conservación de los recursos naturales, son conceptos que en las últimas décadas han buscado elevar el conocimiento de los entes públicos y privados, sobre el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas.

Este término se refiere al uso o explotación de un recurso mediante un proceso de extracción, transformación o valoración que permite o promueve su recuperación, de modo que garantiza su renovación y permanencia en el largo plazo. (Biodiversidad)

Es por ello, que los gobiernos de los Estados deben promover la adecuada orientación de políticas públicas para hacer sinergias con diversos sectores de la sociedad, que garanticen el uso sustentable de los recursos naturales.

En este sentido, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Diario Oficial de la Federación, 1988), es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos, en materia ambiental, uso de suelo y subsuelo y, explotación y conservación de recursos naturales. Misma que tiene como uno de sus principales objetivos, garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar, así como la preservación y restauración del equilibrio ecológico.

Es por ello que el Título Tercero de la multicitada Ley, tiene como propósito coordinar con los diferentes órdenes de gobierno y autoridades competentes, la exploración, explotación, aprovechamiento y administración de los recursos de la nación, en específico los referentes a las fuentes de abastecimiento de agua para el servicio de las poblaciones e industrias, tal y como lo establecen el Capítulo I (Aprovechamiento Sustentable del Agua y los Ecosistemas Acuáticos) y Capítulo II, (Preservación y Aprovechamiento Sustentable del Suelo y sus Recursos), de este mismo Título.

Para cumplir con este propósito, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), es la Secretaría de Estado del poder ejecutivo federal encargada de vigilar y promover lo relacionado con la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del país, para ello, ha establecido una política ambiental incluyente entre los diferentes ámbitos de la sociedad y gobierno, con criterios e instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del país.

Para cumplir con lo anterior, la SEMARNAT se apoya de diversos Órganos Desconcentrados y Descentralizados que forman parte del Sector Ambiental Federal, entre ellos destaca la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, el cual es reconocida por el trabajo que realiza en aspectos prioritarios como:

  • Conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad;
  • Prevención y control de la contaminación;
  • Gestión integral de los recursos hídricos; y,
  • Combate al cambio climático.

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad es una comisión que trabaja de forma transversal con diversas Secretarías del Gobierno Federal, creada en 1992, esta Comisión se encuentra presidida por el titular del ejecutivo federal, el titular de SEMARNAT en su carácter de secretario técnico, y con la participan de los titulares de nueve Secretarías más. Entre las funciones principales de la CONABIO, están instrumentar y operar el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad, en cumplimiento a lo establecido por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que brinda datos a redes de información nacionales y mundiales sobre biodiversidad, así como dar cumplimiento a los compromisos internacionales en materia de biodiversidad adquiridos por México.

1.1. Ámbito internacional

En el plano internacional, nuestro país ha celebrado 77 tratados internacionales o acuerdos interinstitucionales en materia de medio ambiente1, entre los cuales destacan:

La Declaración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, signada en Estocolmo, Suecia en junio de 1972, a través de este documento se proclamó que los conocimientos y las acciones del hombre se utilizarán para conseguir mejores condiciones de vida, pero estableciendo normas y medidas que eviten causar daños al medio ambiente. La declaración establece 26 principios que tienen por objeto la utilización racional de los recursos naturales en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

Carta Mundial de la Naturaleza (1982), proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la cual se acepta que el deterioro de los sistemas naturales y el abuso de los recursos naturales debilitan las estructuras económicas, sociales y políticas de la sociedad. Se menciona, también, que los beneficios a largo plazo que se pueden obtener de la naturaleza dependen de la protección de los procesos ecológicos y de la supervivencia de las diversas formas de vida, por lo que se debe impedir su explotación excesiva y la destrucción de los hábitats naturales. La carta establece la necesidad de promover a nivel internacional la protección de la naturaleza.

La Declaración de Río, documento que consagra 27 principios en los que establece el derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza, el derecho de los países de aprovechar sus propios recursos de acuerdo a sus políticas ambientales y de desarrollo con la responsabilidad de no causar daños al medio ambiente de otros, y la protección del medio ambiente como parte integrante del proceso de desarrollo y no como una actividad aislada. Además, se reconoce el papel que los países desarrollados han tenido al contribuir en la degradación del medio ambiente, por lo que se conmina a eliminar las modalidades de producción y de consumo insostenibles y a fomentar políticas demográficas adecuadas.

El Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, por el cual se precisan las acciones, políticas y medidas a cargo de las partes para aplicar la Convención, incluso la reducción de emisiones de los gases de efecto invernadero.

Los dos últimos documentos, representan los convenios más importantes en materia de medio ambiente y aprovechamiento sustentable de recursos naturales, debido a la cantidad de países que lo han suscrito y por la relevancia de los temas que aborda, como es el caso del cambio climático, la sobre explotación de los ecosistemas, principalmente por países desarrollados y el fomento de políticas públicas que incorporen procesos de desarrollo sostenibles.

De igual forma, México reconoce y forma parte de diversas comisiones a nivel continental, como por ejemplo la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, el Sistema Regional Mesoamericano de Áreas Protegidas, la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, por mencionar algunos, cuyos ejes estratégicos versan sobre la gestión territorial en zonas prioritarias, que permitan la adecuada articulación de políticas públicas que fortalezcan la gestión institucional de los gobiernos.

En el plano internacional, no es de sorprenderse que países como Suiza, Dinamarca o España, hayan implementado políticas públicas que garanticen a mediano y largo plazo, un aprovechamiento de sus recursos amigable con el medio ambiente, por lo que estos países tienen como meta dejar de usar combustibles fósiles, haciendo una importante inversión en la producción de energías limpias y renovables.

En ese mismo sentido, España ha reformado sus leyes a fin de establecer un modelo de ciudades inteligentes (smart city), que busca contener el crecimiento de las manchas urbanas, a fin de evitar que la expansión de las poblaciones contribuya a la degradación acelerada de los ecosistemas y recursos naturales.

1.2. Caso real en la Administración Pública Federal

El Doctor Ludger Pries, catedrático del Colegio de México, menciona en el marco de un debate sobre las metas de desarrollo sustentable que México “no crece por falta de participación social y por la deficiencia en las políticas públicas de desarrollo sostenible” (Villegas, 2017). Al respecto, el gobierno federal ha buscado implementar políticas eficientes que incentiven la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones sobre proyectos de obras públicas que beneficien a las comunidades y que al mismo tiempo, observen las tendencias actuales en cuanto ordenamiento territorial y aprovechamiento discrecional y racionado de los recursos naturales.

Derivado de la reforma fiscal a los artículos 268, 269, 270, 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos, en el año 2014 se crea el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, cuyos recursos deberán ser empleados en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, incluyendo:

“I. La construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares, así como de espacios públicos urbanos;

II. Obras de pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, de instalación y mantenimiento de alumbrado público, respetuosas con el ambiente, así como de servicios públicos basados en la eficiencia energética y las energías renovables;

III. Obras de infraestructura para la protección ambiental, como rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de obras de drenaje público, manejo integral de residuos sólidos urbanos, mejora y monitoreo de calidad del aire, agua y suelo, así como para el suministro de agua potable;

IV. Obras que preserven áreas naturales, como por ejemplo protección, restauración, rescate o rehabilitación de ecosistemas acuáticos y terrestres, y para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, y

V. Obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo sistemas de trenes suburbanos, metrocable de transporte o equivalentes, o cualquier otro sistema de transporte público respetuoso con el ambiente y de bajas emisiones de carbono.” (Artículo 271, 2016)

Para el cumplimiento de lo ordenado por esta Ley, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) , creo en septiembre de 2015, la Unidad de Utilización del Suelo para Proyectos en Energía e Inversiones Físicas de los Fondos Mineros, teniendo como principal objetivo que los recursos del Fondo Minero se entreguen directamente a las entidades federativas y municipios beneficiarios de dicho Fondo, para ser empleados en términos del artículo 271 de la Ley Federal de Derechos, en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo.

Aunado a lo anterior, la SEDATU celebró un Convenio General de Colaboración con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre el gobierno federal, estatal y municipal de realizar, orientar, fomentar, promover y difundir programas y actividades de investigación y de desarrollo, adaptación y transferencia de tecnología y de formación de recursos humanos calificados, que contribuyan a asegurar el aprovechamiento y manejo sustentable e integral del agua; prestar servicios de desarrollo, adaptación y transferencia de tecnología, de capacitación, de consultoría y asesoría especializadas, de información y difusión científica y tecnológica; contribuir al desarrollo, difusión e implantación de aquellas tecnologías del agua que mejor se adapten a las condiciones del país; realizar los desarrollos tecnológicos que el sector productivo demande o que la administración pública federal considere necesarios; promover y transferir las tecnologías desarrolladas y los resultados que se obtengan de las investigaciones; y ejecutar toda clase de actos y celebrar toda clase de contratos y convenios necesarios para el cumplimiento de su objeto.

En este sentido, el propio gobierno federal diseñó un mecanismo de participación para la ejecución de los recursos del Fondo Minero en la implementación de proyectos, para ello, determinó conformar un cuerpo colegiado en cada entidad federativa. Este cuerpo colegiado se denomina Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras, mismo que está conformado por un representante del gobierno federal, un representante del gobierno de la entidad federativa donde se pretenda llevar a cabo el proyecto, un representante común de los municipios beneficiarios del Fondo Minero, un representante común de las empresas mineras de la región y un representante de los núcleos agrarios o comunidades indígenas de la zona.

A través de este mecanismo, se involucra a los tres órdenes de gobierno junto con la sociedad civil de la entidad, debido a que la aprobación de proyectos, se obtiene mediante la votación simple de los mismos, agotando el principio de publicidad y consulta a los habitantes de la comunidad, dando legalidad y legitimación a los actos de las instituciones públicas.

Si bien, la creación del Fondo Minero es el más claro ejemplo del esfuerzo que realiza el Estado mexicano, para atender lo establecido en diversas disposiciones de carácter nacional e internacional, en materia de medio ambiente y aprovechamiento sustentable de los elementos naturales, en específico a lo que señala el Título Tercero de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en materia del suelo y agua, también es cierto que el mecanismo actual adolece de medios de defensa en contra de las determinaciones que la SEDATU, en lo particular la Unidad de Utilización del Suelo para Proyectos en Energía e Inversiones Físicas de los Fondos Mineros (USEIFOM), pudiera emitir y que limite el desarrollo de regional y aprovechamiento de los recursos naturales de los gobiernos locales y municipales.

Es por ello, que a continuación haremos una exposición de la propuesta de creación de medios de defensa por el cual los gobiernos de las entidades federativas y municipios puedan combatir las opiniones contrarias que realice la SEDATU, sobre sus proyectos de inversión física.

A cada estado y municipio con actividad minera, se le asignan recursos presupuestales para inversión física, con base en el porcentaje del valor de la actividad extractiva de acuerdo al registro estadístico de producción que elabora la Secretaría de Economía en el año que corresponda. Estos recursos deberán ser utilizados en obra pública que cumpla con los requisitos señalados en el artículo 271 de la Ley Federal de Derechos, sin embargo, para la aprobación de estos proyectos, la USEIFOM emite opinión sobre si las obras cumplen con estos requisitos de ley, es decir, de forma unilateral, opina y decide qué proyectos deben ser aprobados para ser ejecutados con los recursos del Fondo Minero, sin que los gobiernos locales y municipales, cuenten con algún medio para impugnar o defenderse de esa resolución, ya sea para aportar más elementos que sustenten la viabilidad del proyecto o para evitar situaciones arbitrarias que obedezcan a intereses personales o partidistas.

Por lo anterior, el mecanismo que debe implementarse se divide en dos etapas, la primera consiste en que el gobierno que se sienta afectado por la opinión que se emita respecto de su proyecto, pueda interponer un recurso ante el superior jerárquico de la USEIFOM, en este caso, ante la Subsecretaría de Desarrollo Agrario, mediante escrito libre y copia de la opinión emitida, de manera respetuosa podrá hacer valer excepciones, argumentar y aportar los elementos que considere pertinentes para que la autoridad antes señalada, falle a su favor o deje en firme la resolución combatida, este procedimiento se considerará únicamente de carácter administrativo, es decir, las autoridades de la SEDATU contarán con un término de 30 días naturales para evaluar la petición que realicen los beneficiarios del Fondo Minero, emitiendo por escrito una respuesta a dicha petición, sin que esta constituya un acto que impida por otras vías legales, hacer valer prerrogativas de carácter, civil, penal o administrativas.

Una vez acotado este procedimiento, en caso de persistir la inconformidad por parte del gobierno estatal o municipal respecto de la resolución que se emita, dicho documento podrá servir como base para iniciar un nuevo procedimiento ante el Tribunal Superior de Justicia Administrativa.

1.3. PROPUESTA

Procedimiento ante el Tribunal Superior de Justicia Administrativa

Descripción de Eventos y Actividades

Actividad Responsable Descripción
1 USEIFOM Emite opinión no favorable sobre los proyectos de inversión física que presentan los gobiernos estatales y municipales.
2 Gobierno estatal o municipal Interponen recurso ante el superior jerárquico de la USEIFOM, en contra de la opinión emitida.
3 Subsecretaria de Desarrollo Agrario Conoce del recurso y emite nueva resolución que otorga o ratifica el acto reclamado.
4 Gobierno estatal o municipal Con la nueva resolución, decide o no promover un juicio ante el Tribunal Superior de Justicia Administrativa.
5 Tribunal Superior de Justicia Administrativa Como instancia judicial, conoce y lleva acabo el procedimiento correspondiente para emitir un fallo.
6 Gobierno estatal o municipal/ Subsecretaria de Desarrollo Agrario Recibe fallo y acata lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia Administrativa.
FIN DE PROCEDIMIENTO

CONCLUSIONES

PRIMERA.-El aprovechamiento sustentable de los elementos naturales se ha convertido en un tema prioritario de las agendas gubernamentales.

SEGUNDA.- México se encuentra en constante lucha para prevenir y erradicar las consecuencias negativas de la sobre explotación de sus recursos naturales.

TERCERA.- El gobierno federal destina recursos públicos para invertirlos en obras que garanticen el aprovechamiento racionado y amigable de los ecosistemas existentes a lo largo del territorio nacional, para lograrlo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se dio a la tarea de crear diversas comisiones integradas por especialistas en Biodiversidad, desarrollo urbano y explotación de recursos naturales.

CUARTA.- Derivado de los recursos obtenidos por la actividad minera en el país se ejecutan proyectos de inversión física en los estados y municipios, que cumplan con los criterios y principios de los tratados internacionales que rigen en el mundo y que México es parte.

QUINTA.- A través del Fondo Minero, se creó un mecanismo que tiene por objeto regular la correcta aplicación de dichos recursos, involucrando a representantes del gobierno federal, estatales y municipales, junto con el sector privado y ciudadanos comunes. Sin embargo, a pesar de que este mecanismo ha demostrado sus bondades, el mismo sigue en proceso de mejora continua, obligando a las autoridades a trabajar en serio para potencializarlo.

BIBLIOGRAFÍA

  • Biodiversidad, C. N. (s.f.). Recuperado el 8 de Noviembre de 2017, de sobre el aprovechamiento sustentable y conservación de los recursos naturales. Visible con fecha http://www.biodiversidad.gob.mx/corredor/cbmm/aprovechamiento.html
  • Cámara de Diputados. (2016). Recuperado el 9 de Noviembre de 2017, de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/107_231216.pdf Cámara de Diputados. Recuperado de: http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/9_mambiente.htm
  • Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Recuperado de: http://www.biodiversidad.gob.mx/corredor/cbmm/aprovechamiento.html
  • Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Recuperado de: http://www.biodiversidad.gob.mx/index.html
    Diario Oficial de la Federación.
  • Diario Oficial de la Federación (28 de Enero de 1988). Obtenido de http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4718573&fecha=28/01/1988
  • Tratados celebrados por México Guía de tratados promulgados y otros instrumentos internacionales vigentes suscritos por México. Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Gobernación. Visible con fecha 9 de noviembre en la página web http://tratados.sre.gob.mx/. México. 2003.
  • Villegas, D. I. (19 de Julio de 2017). CONACYT agencia informativa. Recuperado el 8 de noviembre de 2017, de http://conacytprensa.mx/index.php/sociedad/politica-cientifica/16360-que-necesita-mexico-para-lograr-su-desarrollo-sostenible

1 Se anexa en documento diverso, tabla que incluyen tratados internacionales y acuerdos interinstitucionales entre dependencias de los países firmantes. Tratados celebrados por México Guía de tratados promulgados y otros instrumentos internacionales vigentes suscritos por México. Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Gobernación. Visible con fecha 9 de noviembre en la página web http://tratados.sre.gob.mx/. México. 2003.

Carlos Hernández López

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