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LA CLASE

Tema del mes

Roberto Orbe Colón


Minería ¿oportunidad o dique de desarrollo sustentable?: Contraste del México moderno.

Resumen:

La minería es una práctica milenaria que transformó la realidad humana, ayudando a su evolución por medio de la creación de herramientas y mecanismos que facilitaron la vida diaria. La explotación de recursos naturales a raíz de nuevas tendencias de organización social se incrementó a raíz de un aumento en la demografía mundial. La presión sobre los recursos naturales se convierte en un reto para la sociedad y en especial para los gobiernos, la toma de decisión entre un desarrollo económico y un desarrollo sustentable genera un debate controversial. El impacto de la minería en México desde la época Colonial se sustenta en las directrices políticas del momento, pasando de sostener un imperio a nuevos mecanismos de co-inversión que no contemplan el valor ambiental de la nación. El impacto en materia de servicios ambientales no tiene comparación, la contaminación en suelos, recursos hídricos y la pérdida de biodiversidad no corresponden a los beneficios económicos de la industria minera. El endurecimiento de las normas ambientales debe entenderse como un mecanismo de control y no solo de compromiso internacional, el impacto traspasa las comunidades y comienza a afectar al país en su conjunto, condenando por inacción nuestro presente y la generación futura.

Palabras Clave: Minería, Política Ambiental, Política Pública, Desarrollo Sustentable, Desarrollo Económico.

Resume:

Mining is a millenary practice that transformed human reality, helping its evolution through the creation of tools and mechanisms that facilitated daily life. The exploitation of natural resources as a result of new trends in social organization increased as a result of an increase in world demography. The pressure on natural resources becomes a challenge for society and especially for governments, the decision making between economic development and sustainable development generates a controversial debate. The impact of mining in Mexico since the Colonial era is based on the political guidelines of the moment, going from holding an empire to new mechanisms of co-investment that do not contemplate the environmental value of the nation. The impact on environmental services is unparalleled, pollution in soil, water resources and loss of biodiversity do not correspond to the economic benefits of the mining industry. The hardening of environmental standards should be understood as a mechanism of control and not only of international commitment, the impact goes beyond the communities and begins to affect the country as a whole, condemning our present and the future generation by inaction.

Key Words: Mining, Environmental Policy, Public Policy, Sustainable Development, Economic Development.

1. Introducción

La minería es una actividad económica que sustentó parte del desarrollo de los pueblos alrededor del mundo, con base en la transformación de minerales para la creación de instrumentos y herramientas que facilitan la vida cotidiana del ser humano. Estos avances permiten facilitar las relaciones sociales, derivando en una evolución en todos los aspectos, donde la necesidad imperante de recursos aumenta conforme la presión en la curva demográfica de cada núcleo poblacional. En este entorno, el sistema capitalista presiona de manera constante para generar una mayor cantidad de productos de poca duración y uso intensivo.

La realidad del siglo XX nos impulsa a reflexionar los límites del crecimiento económico y la capacidad de resiliencia de nuestros recursos naturales. El caso latinoamericano refleja el impacto de la visión extractiva de Europa desde el siglo XVI hasta finales del siglo XIX, antes de la formación de estados nacionales. A pesar de ello, la extracción de recursos naturales no cambió con la creación de nuevos países, sino que se continuó ya sea de manera soberana o través de inversión extranjera directa (IED), como en los casos de México, Chile y Bolivia primordialmente, generando controversias sociales sobre la utilidad y fin de estos recursos.

El presente trabajo trata de abordar desde una visión amplia el impacto que la minería tiene en la actualidad sobre el medio ambiente y la sociedad, a pesar de la existencia de una legislación en la materia y un compromiso ambiental por parte de México en el marco internacional. La transición de un proceso meramente extractivo a uno de alto impacto ambiental se analizará a través de una aproximación al caso del estado de Guerrero ante los nuevos retos en materia de legislación y compromiso con las empresas inversoras.

2. Antecedentes.

La minería en México es una actividad que por su dimensión tiene un impacto social amplio, que a diferencia de la agricultura tiene un entendimiento menor, derivado de la complejidad de los procesos y el alto capital de inversión que se necesita para llevar a cabo la exploración y posterior explotación de un yacimiento minero. A pesar de ello, los efectos de esta se han visto y determinado gran parte de la historia de México desde su época prehispánica hasta nuestros días. En este escenario podemos reconocer tres grandes momentos de la minería en México: la Nueva España, el Porfiriato-Revolución y la globalización.

La primera etapa sustenta la bonanza de la minería en la relación integral entre la Corona Borbónica y la Nueva España como su más prolífera Colonia a partir del siglo XVIII. El descubrimiento de yacimientos de minerales y particularmente de Plata en zonas actuales como Real del Monte en Hidalgo, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Durango, Guadalajara y Guerrero, iniciaron un proceso de aceleración económica en integración con la agricultura y la explotación de recursos conexos a la plata como son la sal, tequesquite, cebo, cobre, magistral, entre otros).

La producción de plata se incrementó derivado de la demanda del material para la elaboración de moneda circulante para las transacciones de la Corona Española. Ibarra (2010) nos señala que durante el período de 1770 a 1804 la producción se elevó en 7.1% en promedio anual en las diferentes minas de México. Cabe destacar que, a pesar de la aparente bonanza, los beneficios para los habitantes no se observaron más allá del beneficio del propietario de la mina, acrecentando las disparidades socio-económicas en las zonas de explotación.

La segunda etapa de la minería en México converge con un ciclo de transformaciones globales derivado de la nueva revolución industrial. Se intensifica la extracción de minerales de baja ley como plomo, cobre y zinc para destinarlos a la generación de artículos de consumo industriales. En 1880 se inicia un período acelerado de IED en nuestro país, principalmente destinada a la creación de redes ferroviarias y una nueva era de la plata provenientes de Estados Unidos, Inglaterra y Francia.

Kuntz (2010) indica que para 1910 se habían recibido 700 millones de dólares en IED, sin embargo, se había transitado a una flexibilización para ello que derivaba en condiciones insalubres y principalmente una condición que asemejaba la esclavitud para los trabajadores en diferentes rubros, destacando el sector del henequén y el minero por los altos niveles de riesgo al trabajar, con largas jornadas laborales, malnutrición y escasa libertades socio-económicas. Estas condiciones propiciaron el estallido de diferentes luchas laborales, donde sobresale la Huelga de Cananea, Sonora de 1906 y que transito como un antecedente en el proceso Revolucionario de 1910.

Este fenómeno tuvo un eco directo en la creación del nuevo estado mexicano, a través de la inclusión de dos grandes menesteres como fue la soberanía del estado sobre los recursos nacionales plasmados en el artículo 27 y 28 Constitucionales; y la generación de la base del derecho social de los trabajadores por medio del articulo 123 y su posterior Ley Reglamentaria. Esto permitió transitar a un mayor control del estado en materia de minería, por medio de la Ley Reglamentaria del artículo 27, el cual obligaba a tener una mayoría de capital nacional para la explotación de recursos naturales nacionales, destacando la minería y los hidrocarburos.

La inclusión de esta limitante trajo como consecuencia un incremento natural del capital nacional en el sector minero, donde en 1960 solo el 10% de las empresas cumplían esta norma, y donde para 1980, el 48% era capital nacional y del cual 15% era inversión pública. Esto significo que el 39% del total de la IED fuera destinada a la minería1. Durante este período, el proceso de sustitución de importaciones permitió estabilizar la economía nacional sustentada en las industrias extractivas, en especial la de hidrocarburos.

La tercera fase se puede ubicar en el período globalizador a nivel mundial, en esta etapa intensificada a partir de 1980 se realizaron grandes cambios legislativos que hicieron permisibles la colaboración de capital extranjero en una mayor cuantía. Es por medio de la modificación del artículo 27 Constitucional en 1992 que se permite la venta de tierras comunales a privados, lo cual, en colaboración con la reforma de la Ley Minera de 1962, durante el año de 1993 elimina la necesidad de una inversión nacional mayoritaria, y abre la posibilidad a la explotación de áreas reservadas para el estado.
Asimismo, el cambio de actividad prioritaria para las dimensiones de la actividad minera, es decir la exploración, explotación y beneficio.

3. La minería en la globalización.

El proceso de industrialización y crecimiento acelerado de la población exige a cada instante mayores recursos naturales. México como actor estratégico a nivel global se ha convertido en el octavo exportador de minerales a nivel global, que, si bien es una posición basada en el valor comercial, no representa el impacto, ya que la comparación entre el valor de los diamantes de sudafricana y la plata mexicana no es medible.

Tabla 1. Principales Países Exportadores de Minerales al mundo
Millones de dólares

Lugar País 2001 2008 2013 2016 %Part
Mundo 24,717 144,336 244,709 158,123 100
1 Australia 5,133 35,264 81,015 49,227 31
2 Brasil 3,129 18,727 35,083 15,816 10
3 Chile 2,596 12,957 19,707 14,530 9
4 Perú 855 8,580 11,517 12,239 8
5 Sudáfrica 1,065 7,268 13,700 7,645 5
6 Canadá 1,557 6,320 8,432 6,137 4
7 Estados Unidos 1,146 6,488 7,321 5,704 4
8 México 183 1,382 4,011 3,816 2
9 Indonesia 1,830 4,296 6,544 3,568 2
10 Ucrania 427 2,154 3,918 2,435 2
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap. Incluye el cap. 26 del SH

México representa el 2% del comercio de minerales a nivel global, sin embargo, las naciones que exigen estos minerales son de producción exhaustiva como es China, Japón, Corea y Alemania, quienes destinas gran parte de los minerales en la producción de bienes industriales como electrónicos, automóviles y maquinaria de alta producción, en este sentido el valor de México por pequeño que parezca termina en la mayor parte del mundo, es decir, hay suelo mexicano en algún televisor, vehículo o en la fabricación de algún producto de consumo masivo como latas para alimentos.

Tabla 2. Principales Países Importadores de Minerales al mundo
Millones de dólares

Lugar País 2001 2008 2013 2016 %Part
Mundo 1,437 202,338 277,682 171,503 100
1 China 4,176 85,937 148,772 94,479 55
2 Japón 6,489 28,365 32,123 17,334 10
3 República de Corea 2,195 11,164 16,618 10,895 6
4 Alemania 2,517 9,308 10,358 6,473 4
5 España 1,148 4,532 5,227 3,903 2
6 India 413 5,250 8,485 3,731 2
7 Canadá 1,154 2,781 3,309 2,705 2
8 Bélgica 787 3,140 3,950 2,493 1
9 Taipei Chino 497 2,085 3,179 2,346 1
10 Estados Unidos 1,685 4,488 3,534 2,260 1
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap. Incluye el cap. 26 del SH

La Secretaría de Economía (2011) nos menciona que México es el primer productor de plata en el mundo, segundo en fluorita y bismuto, tercero en celestina, quinto en molibdeno, octavo en oro, barita y grafito, y décimo en cobre y magnesio. Por otro lado, destaca como el que cuenta con mayor número de propiedades en exploración por kilómetro en América Latina, habiendo solo explorado el 30% de su territorio y de las cuales el 65% son de oro y plata. Esto lo convierte en el quinto país de destino de inversión minera en el mundo.

En el período de 2010 a 2016 el sector minero representó el 7% del PIB, significando 18 millones de empleos para la industria metalúrgica. La inversión en el sector asciende a 5,500 millones de dólares de los cuales 20% es de IED. Actualmente se cuenta con 25,425 concesiones mineras de las cuales 267 son extranjeras (81% de Estados Unidos y Canadá), ubicadas primordialmente en los estados de Sonora (18%), Durango (9%), Chihuahua (9%), Zacatecas (8%), Coahuila (7%), Jalisco (7%), Sinaloa (5%), Michoacán (5%), Guerrero (3.6%) y Guanajuato (1.5%)2.

En la actualidad el marco regulatorio del sector minero recae en 28 normativas, entre leyes y reglamentos, partiendo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en sus artículos 27 y 28. Entre ellas destacan la Ley Minera y su reglamento, la Ley de Inversión Extranjera y su reglamento, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus reglamentos en materia de impacto ambiental y ordenamiento ecológico, así como las NOM-120-SEMARNAT-1997, NOM-023-STPS-2003 y NOM-141-SEMARNAT-2003.

4. Minería y medio ambiente en México.

La minería es una actividad con alto grado de externalidad negativa al ambiente, ya que impacta en el agua, aire, suelo, biodiversidad (fauna y flora) y con un bajo grado de beneficio social3. El Instituto Internacional para el Medio Ambiente (IIMA) señala que indiferentemente de la forma de explotación ya sea a cielo abierto o subterránea, el mayor reto para el ambiente radica en el destino de los residuos, sin minimizar el proceso, la mayor parte de la contaminación se concentra en la gestión final de estos derivando de la aplicación de químicos en la extracción, en especial el Cianuro.

Es a través de la elección de los cuatros mecanismos de desecho y el cual se elija que el impacto en la región tendrá un mayor o menor nivel.

_“El volumen de desechos que produce la mina depende de las características geológicas del yacimiento, del tipo de minería (subterránea o a tajo abierto) y del mineral que es extraído, como también de la escala de la operación. Los desechos de la minería se producen en muchas categorías distintas, entre las que se incluyen:

  • Recubrimiento — se debe remover suelo y roca para tener acceso al recurso mineral;
  • Roca de desecho — roca que no contiene el mineral suficiente para ser de interés económico;
  • Relaves — residuo acuoso de mineral molido que permanece después que se ha extraído la mayor cantidad de minerales;
  • Mineral residual de la pila de lixiviación — la roca que queda en una instalación de lixiviación después de la recuperación de los minerales.” (IIMA,2012, pág. 321)

Asimismo, el manejo de residuos, debe integrar los impactos conexos posteriores al depósito, la toxicidad de estos no solo impacta en la superficie, sino en los mantos acuíferos y en proceso social de la región. Asentamientos como poblaciones indígenas y biodiversidad endémica, tienen que considerarse en todas las fases del proyecto minero, atentar contra formas de organización intrínsecas, puede tener una pérdida de valor incalculable4. En el caso mexicano, la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) establece en sus artículos 5to, 11vo, 99 y 108 los lineamientos ambientales mínimos sobre el proceso minero, donde faculta a la federación a exigir evaluaciones de impacto ambiental, la posibilidad de delegar estos a los estados y municipios, así como el compromiso de la preservación ecológica del mismo.
En contraposición a esto las leyes que acompañan el sector minero, dan prioridad al beneficio económico y es que, al observar la ley minera, solo se hace énfasis en que se tendrá que acatar las cuestiones en la materia, a pesar de ello, la Secretaría de Economía a través de sus Subsecretaría de Minería promueve un incremento en la explotación minera, algo que contraviene compromisos internacionales adoptados por México en materia ambiental. En el marco de la Conferencia de las Partes para el Cambio Climático (COP21) de París en 2015, el gobierno mexicano acordó compromisos en materia de mitigación y adaptación hacia 2030.

Entre los compromisos, podemos encontrar divergencias en el discurso con el fomento minero, ya que se acordó reducir las emisiones de carbono negro en un 51% hacia el 2030; Disminuir la alta vulnerabilidad a los efectos de éste en 160 municipios; Alcanzar la tasa cero de deforestación en 2030; 43 de cada 100 fuentes de energía serán limpias y garantizar y monitorear el tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales en asentamientos humanos mayores a 500,000 habitantes. Todos estos acuerdos, se encuentran en gran riesgo ante el incremento de inversión minera en México, cada vez con menos mecanismos de control y supervisión.

A esto se le debe agregar los grandes vacíos legales que existen en la Ley Minera y la necesidad de impulsar la economía de las regiones en su nivel macroeconómico. Esto crea una situación de alta demanda de concesiones, donde paralelamente se crea un mercado de compra y venta de las mismas, dejando de un lado la protección ambiental de las regiones y en un nivel menor los impactos sociales del mismo. El Universal (2017) señalo esta irregularidad a través de periodismo de investigación señalando lo siguiente:

[Ya desde 2010, la Auditoría Financiera y de Cumplimiento hecha a la Secretaría de Economía para analizar el estado de los Derechos Sobre Minería por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), advertía que “los requisitos para el otorgamiento de concesiones mineras contenidos en la normativa federal son mínimos y de fácil cumplimiento, por lo que no se encuentra garantizado el correcto uso y aprovechamiento de los recursos naturales, ni que se proporcione un beneficio a la Nación”.]

Esta falta de regulación hace permisible la colusión entre autoridades locales, ya que la creciente transferencia de concesiones entre particulares termina en grandes conglomerados, generando un alto rechazo social, a pesar de que la autoridad reconoce que es la actividad con mayor regulación en el país, también ha reconocido a través de sus informes lo siguiente:

“Es claro detectar que existe un problema de aplicación de la ley y sus normas, una deficiente supervisión y monitoreo que limitan un verdadero diagnóstico del quehacer del sector y una inexacta comunicación de las ventajas y virtudes de esta actividad económica. Se considera que se debe simplemente aplicar la ley y las formas éticas que determina el bien hacer de las actividades del sector.” (CCNDS,2014 pág. 12)

La solución a esta problemática debe estar orientada en la aplicación efectiva de la ley, y debería ir acompañada de voluntad política, es por ello que estas recomendaciones derivan en el Fondo Minero del año 2014, cuyo mecanismo vendría a solucionar de manera eficiente las externalidades negativas con las comunidades, a través de una mimetización de las necesidades regionales. Es a través de un pago de derechos extraordinarios de manera fiscal, donde el 80% del mismo se utiliza para la realización de obras etiquetadas y gestionadas por la comunidad.

5. El Fondo Minero y su inoperancia

El proceso deficiente de aplicación del Fondo Minero se puede observar a través de su poco impacto en regiones con mayor necesidad. En este caso particular, abordaremos su operación en el estado de Guerrero, al ser una región que cuenta con características deficientes en materia de desarrollo en forma histórica y donde la minera no ha tenido el efecto deseado. El estado de Guerrero ha tenido una vocación en la materia desde la época Colonial, teniendo sus mayores zonas de explotación en la región norte, limítrofe con el Estado de Morelos. A la fecha se tiene concesionado el 22% de la superficie estatal, lo que significa 901 concesiones, distribuida en 12 regiones mineras en todo el estado5, dedicadas a la extracción de oro, plata, plomo, zinc, cobre y mercurio.
Guerrero cuenta con 22 minas a cielo abierto, con solo 5 plantas de beneficio de materiales metálicos en todo el estado6, lo que resulta en una capacidad disminuida, aunque se tienen 21 plantas para minerales no metálicos. Al estado de Guerrero se destinó desde 1999 por concepto IED en minería 2,090 millones de dólares, siendo Canadá su principal benefactor. A pesar de ello, la pobreza en el estado no ha disminuido, así lo señala el CONEVAL (2016) ya que se ha mantenido un nivel de pobreza del 65% durante los últimos años. Asimismo, es interesante analizar el comparativo entre las regiones de inversión y los niveles de pobreza a la fecha.

Gráfico 1. Zonas de Pobreza vs Zonas Productoras de Minerales en el estado de Guerrero

Como se observa en el gráfico comparativo, las regiones destinadas a la producción de minerales no se han visto mejoradas respecto a la inversión, se podría decir que se han conservado en un estado de desarrollo marginal, a pesar de los beneficios económicos que se obtienen de este, siendo la plata y el oro los principales minerales de extracción en la región. Con base en esto el Fondo Minero ha destinado desde 2014 alrededor de 202 millones de pesos en proyectos regionales, quedando por ejercer 101 millones de pesos7. Se han ejecutado 53 obras con este presupuesto, sin embargo, la totalidad de obras se orientan al mejoramiento urbano de las comunidades, en forma de instalaciones eléctricas, sanitarias e hidráulicas. Estas acciones son ampliamente negativas, ya que ninguna se destina a la conservación o mitigación de los efectos contaminantes de las mineras.

La región más atractiva para la minería en el estado, se denomina Cinturón de Oro, conformado por los municipios de Teloloapan, Arcelia, Cocula y Eduardo Neri, zonas con un alto nivel de pobreza e impunidad. La estrategia de los diferentes niveles de gobierno recae en el fomento de la actividad, sin ninguna política clara en torno a la conservación e impacto social (salud, educación, calidad de vida etc.) de la población. El impacto se acrecienta, ya que el interés en esta región se ha elevado de manera significativa, tan solo en el primer trimestre de 2107 se obtuvieron 4 mil kilogramos de oro, un cambio conforme el año anterior de 56%8.

A pesar de esta realidad, el Fondo Minero no ha podido ser más que un paliativo ante la acelerada inversión de la industria. Paralelamente gran parte de las empresas mineras expresaron su molestia al tener una doble enajenación de sus ganancias, vía el pago del impuesto natural de la actividad, y todavía agregar el impuesto especial. A raíz de ello en 2015 se presentó un amparo por parte de algunas mineras para eludir el pago del impuesto al Fondo Minero, este se le concedió por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al definir que era una ley heteroaplicativas 9, por lo cual concede un amparo hasta que se establezcan actos concretos y la norma clarifique dicho acto.

6. h2. 6. Reflexiones Finales.

La incongruencia entre la norma y la aplicación de la ley, deja para nuestro caso los derechos ambientales de los pobladores directamente y de la nación en su conjunto desprotegidos. El fortalecimiento de la ley en México es indiscutible, a pesar de esto, la tendencia internacional ha presionado para generar cambios, ante fenómenos altamente interconectados que atentan contra la vida humana. El cambio climático como máximo exponente de las consecuencias de un mundo que creció aceleradamente, sin pensar en la sostenibilidad, solo será reversible en la medida que los compromisos de los estados se conviertan en acciones concretas y medibles.

El caso México en este sentido, parece un compromiso vacío, ya que se crea un marco acción, pero altamente inoperante, sobrepasado por los intereses económicos. Un país mega diverso como México tiene el compromiso no solo con sus habitantes, sino con el mundo de tomar una decisión concreta acerca de su visión de desarrollo. La implementación de una economía verde debe ser llevada al marco del debate real, fuera de los compromisos diplomáticos. El presente trabajo nos ha mostrado que la industria extractiva de la minería no ha dejado nada positivo en materia ambiental, y los resultados en el desarrollo económico de las poblaciones ha sido magro.

La aplicación de acciones se ha mermado en consecuencia con una falta en la disciplina para llevarles a cabo, las lagunas jurídicas que existen en la ley permiten a los concesionarios a operar de manera indiscriminada ante poblaciones desorganizadas y carentes de recursos, muchas veces subyugadas ya sea por presión económica o política. A la par de esta inacción, los efectos de contaminación de la industria minera continúan afectando la biodiversidad, suelos y mantos acuíferos. Para los estudiosos de la Administración y Políticas Públicas es imperante crear mecanismos que permitan coexistir en la medida de lo posible estas dos realidades, confiriendo un mayor peso a nuestro capital ambiental. La sinergia entre el deber ser y la acción, debe acotarse a través de sanciones más fuertes y entes reguladores con un mayor compromiso político, la cual no será posible sin una agenda coordinada entre los diferentes niveles de gobierno e instancias relacionadas.

Finalmente, el presente documento es una síntesis de los conocimientos vertidos en materia de Desarrollo Sustentable, donde la reflexión debe realizarse en cada espacio de nuestra sociedad. El futuro nos ha alcanzado, y transformar el presente debe transitar en todas las esferas de lo público, desde la academia, la sociedad civil y el gobierno. La inacción tendrá mayores costos económicos en el corto plazo y una deuda generacional que será difícil de saldar, por no decir imposible. El fatalismo debe ser combatido con la transformación, el análisis puntual de cada factor en la realidad, debe ser el punto de partida para responder a la pregunta: ¿Desarrollo a que costo? El costo de nuestra generación será el que decidamos aceptar, y donde tendremos que decidir entre la simulación o la transformación.

7. h2. 7. Bibliografía.

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  • Banco Mundial. (12 de noviembre de 2017). Banco Mundial. Obtenido de https://goo.gl/8wZDDX
  • CONEVAL, (2017). Informe de Pobreza 2016 por estado. Ciudad de México: Gobierno Federal.
  • Congreso de la Unión. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Querétaro, México.
  • Congreso de la Unión. (1992). Ley Minera. México.
  • Congreso de la Unión. (2005). Ley General del Equilibrio Ecológico u la Protección al Ambiente. México.
  • Congreso de la Unión. (2014). Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. México.
  • El Universal. (03 de noviembre de 2017). Lucran particulares con minas. Ciudad de México, México.
  • Ficker, S. K. (2010). De las Reformas Liberales a la Gran Depresión: 1856-1929. En S. K. Ficker, Historia Económica General de México (págs. 318-324). México, D.F: El Colegio de México.
  • Ibarra, A. (2010). La Edad de Plata: Mercados, minería y agricultura en el período Colonial tardío. En S. K. Ficker, Historia Económica General de México: De la colonia a nuestros días. (págs. 211-243). México, D.F: El Colegio de México.
  • Instituto Internacional para el Medio Ambiente. (2002). Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable. Reino Unido: Earthscan Publications.
  • Rodríguez, J. L. (2011). La minería mexicana: el ocaso de un modelo nacionalista. Apuntes, Revista de Ciencias Sociales Núm. 68, 137-165.
  • SCJN, Tesis Asilada V.3o P. A (Derecho Especial sobre Minería Décima Época).
  • SCJN, Tesis: 2a. XIX/96 (Ley heteroaplicativa en la Jurisprudencia Mexicana Novena Época).
  • Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. (12 de septiembre de 2017). Fondo Minero —Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros. Obtenido de https://goo.gl/kTAoD3
  • Secretaría de Economía. (2017). Prontuario de la Industria Metalúrgica. Ciudad de México: Gobierno Federal.
  • Secretaría de Economía. (2016). Panorama Minero del Estado de Guerrero. Ciudad de México: Gobierno Federal.
  • Secretaría de Economía. (17 de noviembre de 2017). Secretaría de Economía. Obtenido de https://goo.gl/iJdiz1

1 Ver Juan Luis Sariego Rodríguez, “La minería mexicana: el ocaso de un modelo nacionalista”, p. 143.
fn2. Ver Secretaría de Economía, “Prontuario de la Industria Metalúrgica”, p. 1-cons.
fn3. Esta aseveración se basa en el análisis histórico que se realizó en el planteamiento de los antecedentes del sector para México, asimismo los datos internacionales determinan que países exportadores como Brasil, Chile, Perú y Sudáfrica no han roto la brecha de desigualdad a pesar de los altos ingresos en las zonas extractivas. Para más información revisar Banco Mundial “Resultados del sector minero” en https://goo.gl/8wZDDX.
fn4. En este punto decisorio, es cuando se debe poner a consideración de cuasi-opción. Ver. Diego Azqueta et. al (2007) pág. 85.
fn5. Ver Secretaría de Economía (2016), “Panorama Minero del Estado de Guerrero”. Titulo Completo.

6 Si recordamos estas plantas son necesarias para dar un proceso más eficiente de desechos, conforme lo establecen los cuatro mecanismos de proceso.

7 Esto se puede observar al analizar los Informes del Fondo Minero en https://goo.gl/kTAoD3.

8 Revisar nota periodística en el Universal en https://goo.gl/KAiU2K.

9 La SCJN define estas leyes como “…cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento”, en su Tesis Aislada 2a. XIX/96.

Roberto Orbe Colón

abelroca. 10 de Enero de 2018 09:54

Como que no entiendo la cita 9 en que la SCJN en efecto sabemos que la ley aplica sobre casos conocidos ¿es que no aplica su obligación estatal en las nuevas explotaciones? ¿A quien defiende esa definición de la SCJN?

ROBERTO ORBE COLON. 10 de Enero de 2018 12:39

Hola la definición defiende al propietario de la concesión.

Puedes ver la jurisprudencia en extenso en la siguiente liga.
https://goo.gl/VH6MQP

Saludos

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