Justicia_para_laura
LA CLASE


Amado Nieto Caraveo
Luz María Nieto Caraveo


El miedo de Laura

“El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.”

Fracción I del Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Para que un sistema de justicia penal se considere eficiente, los jueces deben dictar sentencias condenatorias a aquellas personas que hayan cometido un delito y sentencias absolutorias a quienes sean inocentes. Esto podría parecer una simpleza… No lo es.

ABC del nuevo sistema de justicia penal en México. Procuraduría General de la República, 2011.

Laura tiene miedo. Es un miedo ancestral anclado en la profundidad de todos los miedos: ser acusado y castigado por algo que no hemos hecho. Es otro de los miedos que hoy padecemos en México. No se trata solo de la desconfianza en nuestro sistema de justicia por la impunidad con que permite operar a los criminales, sino de la crueldad y ensañamiento con que trata a víctimas y a personas inocentes.

Es probable que estemos viviendo una de las más profundas crisis éticas de nuestra historia nacional, que muestra su lado más turbio en nuestro sistema de justicia. Reconocidos informes y reportes explican esta crisis que golpea y lastima a la sociedad mexicana.

El caso de Laura Carranza Leal ejemplifica esta crisis. Laura Carranza Leal es una psicóloga de 58 años que vive en Guadalajara, que ha dedicado su vida a ayudar a niños huérfanos, con discapacidad o con problemas de aprendizaje o conducta. Su madre, Blanca Alicia Leal, es una mujer de 80 años que ha padecido esquizofrenia toda su vida y desde hace 50 años recibe tratamiento farmacológico. En 2015 la señora pasó algunos meses en casa de Laura y posteriormente regresó a vivir con otra de sus hijas. Sin embargo, hubo necesidad, en enero de 2016, de enviarle algunos de sus medicamentos, que incluyó una caja de 30 tabletas de clonazepam, un fármaco clase II, que requiere para su venta de receta médica. Y el error fue no incluir la receta correspondiente. Fue un error de Laura, pero también error de la empresa de paquetería, cuyo empleado no le advirtió, al estar haciendo el trámite, que tal procedimiento no podía llevarse a cabo, o que se requería de una receta médica.

La autoridad confiscó el envío y Laura recibió una notificación para aclarar la situación, a la cual acudió confiando en que todo quedaría resuelto una vez que diera su explicación. Presentó un expediente con el historial médico de su madre, copias de recetas médicas, el diagnóstico médico firmado por el psiquiatra, un encefalograma con su interpretación y fotos de su madre enferma.

No obstante, de forma increíble, pero no por ello menos sospechosa para quienes conocemos este caso, el Ministerio Público no tomó en cuenta las pruebas y decidió acusarla de delitos contra la salud, en la modalidad de transporte, esto es, simple y llanamente, la acusó de ser una narcotraficante.

Laura no tiene antecedentes penales. Es reconocida como una persona con una trayectoria intachable y de gran valor social, pero aunque no la tuviera, habrá de subrayarse, merecería por igual la justicia plena. De nada sirvieron tampoco las evidencias y los argumentos que presentó. Sus peores temores se convirtieron en realidad.

La acusación del Ministerio Público requiere que Laura viva todo el proceso de su defensa bajo prisión preventiva, es decir, en la cárcel, sin haber recibido una sentencia, sin que funcione la presunción de inocencia. Además, le impone todo el desgaste humano y el costo económico que esto conlleva. Aquí se muestran en toda su magnitud humana y social dos graves problemas que a pesar de la reciente reforma judicial, siguen sin resolverse en México: el exceso de uso de la figura de la prisión preventiva y el hecho de que la prueba de inocencia corra a cargo de la persona acusada, cuando debería ser al revés: es el acusador quien debe probar la culpabilidad. Ambos asuntos también han sido ampliamente discutidos, documentados y criticados en México; pero siguen sin resolverse.

Aunque la ley señale que la prisión preventiva debe utilizarse en caso excepcional, en realidad las normas que se dictaron dejan un amplio margen a su aplicación. Y en todo caso, trasladan hacia los acusados la carga del litigio para demostrar su aplicabilidad.

Esta injusticia ha propiciado que Laura vivan una especie de muerte por inanición social. La ha obligado a enfrentar una dura prueba, una intensa mezcla de sufrimiento, angustia e indignación. ¡Ella es inocente!. No puede salir a la calle sin el temor de ser detenida y no puede convivir con su familia y amigos. Además está corriendo riesgos laborales muy grandes, pues después de haber trabajado arduamente en el sector educativo durante 27 años, podría hasta perder sus derechos de jubilación. Por si esto fuera poco, esta situación ha puesto en riesgo el patrimonio de una familia que no ha hecho otra cosa más que trabajar durante décadas para salir adelante.

Durante este largo año, Laura y su familia confiaron en que la falta de criterio legal del ministerio público fuera corregida por la acción de los jueces y magistrados, más letrados en la interpretación de la Ley, más cercanos a sus principios y no sólo a sus técnicas. Pero no fue el caso. Los magistrados recientemente desecharon todos los recursos interpuestos por los defensores de Laura, así que ahora todo el proceso debe volver a comenzar. Y si los criterios de quien procuran la justicia en este caso no cambian, podría ser sentenciada y recibir una larga condena en la cárcel.

Laura, al igual que muchos de nosotros nos preguntamos si tanto miedo, tanta angustia, tanta indignación tienen algún sentido o si debemos dejar de buscarlo. Aunque los afectos familiares y de sus amigos, así como el apoyo social que ha obtenido, se han convertido en su sostén, el miedo es cada vez mayor.

El sistema judicial debería de ser en sí mismo la columna que sostuviera la confianza de la ciudadanía, en que existe una salida ante la injusta inculpación por un delito grave. Pero no ha sido así. A todas luces, desde el ministerio público hasta los magistrados han incumplido con el principio establecido en el Art. 20 de nuestra Constitución de proteger al inocente.

Entonces, además de continuar todos los procesos legales que sean necesarios ¿qué otra cosa se puede hacer? Ella, su familia, sus amigos y sus amigas nos preguntamos ¿qué otra cosa podemos hacer ante esta abrumadora impotencia que nos invade?

Durante este año con frecuencia nos hemos preguntado ¿es pertinente litigar frente a la opinión pública con apoyo de los medios de comunicación? Las posturas son muy diferentes al respecto; pero es un hecho que la paciencia y confianza demostrada durante un año no sirvió para lograr justicia. Y entonces surge la pregunta: Además de que debemos continuar con todos los recursos legales que existan ¿el caso de Laura puede servir para algo más?

A lado de este debate, de manera indisoluble, está el tema de la gestión social participativa, que como educadores sabemos es una de las mejores formas de desarrollar capacidades ciudadanas para transformar la realidad en que vivimos.

El caso de Laura ventila muchos otros.

Laura y su familia confían en que su caso puede contribuir a que la ciudadanía aprenda a analizar, con elementos de juicio, procesos legales que permitan una mejor comprensión del sistema de justicia mexicano, así como un mayor empoderamiento para su gestión social. En este sentido, generar una solicitud a través de Change.org propicia que surja un interés colectivo, expresado en este caso en más de 30,000 firmas reunidas en alrededor de un mes. No sólo es el número, sino el empleo de un mecanismo que permite expresar, con sus limitaciones, el pulso que la sociedad manifiesta en un caso como este.

En días recientes, el CIDE y en Instituto Nacional de Ciencias Penales presentaron el resultado de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, en cuyo informe se concluye que:

“La escasa autonomía de procuradurías y fiscalías, las persistentes violaciones a derechos humanos, la corrupción, las inadecuadas condiciones de trabajo de los funcionarios, la marcada debilidad de sus servicios profesionales de carrera, así como la dispersión y falta de información fueron algunos de los problemas señalados con mayor insistencia por los expertos” (p. 13)

“la confianza ciudadana hacia las instituciones que operan estos sistemas es bajísima. La corrupción, la ausencia de imparcialidad, las violaciones de derechos humanos y las enormes deficiencias en la gestión de las procuradurías son claramente los factores que alimentan a la desconfianza”. (p. 73)

El caso de Laura además nos recuerda que la ley se aplica con un alto contenido misógino. Las estadísticas del país están ahí: ante la duda sobre un caso, a la mujer se le sentencia en contra a diferencia de los hombres; y que ante un delito igual, a la mujer se le aplica una mayor sanción. Es decir, en un sistema judicial profundamente machista la mujer es carne de cárcel como síntoma de que su valor social es menor. Según estadísticas de la Secretaría de Gobernación citadas por diversas fuentes, proporcionalmente más mujeres privadas de su libertad están en prisión preventiva: un 48% frente a un 37% de hombres.

No podemos seguir esperando a que el sistema por sí solo “resuelva” todos estos problemas. No existe una solución mágica como demagógicamente claman algunos candidatos a puestos de elección popular. Por el contrario, la situación es complicada en virtud de los enormes intereses que convergen buscando debilitar las propuestas de organizaciones ciudadanas y la academia.

El Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. nos muestra la complejidad de la situación. En su informe Hallazgos 2016 describe no solo las enormes dificultades que existen para que el nuevo sistema de justicia opere, sino los problemas que persisten en su diseño y los mecanismos mediante los cuales ciertos actores políticos siguen proponiendo auténticas regresiones:

“En diciembre de 2016 fue presentada en el Senado una iniciativa que propuso una serie de modificaciones a la Constitución para, entre otros aspectos, eliminar la figura del arraigo, la prisión preventiva oficiosa y, en una lógica de economía procesal, la vinculación a proceso. De acuerdo con la iniciativa, respaldada por organizaciones de la sociedad civil y académicos, en el marco legal derivado de la reforma de 2008, aún persisten tendencias inquisitivas que impiden la efectiva consolidación del modelo acusatorio. Antes de que esta iniciativa de talante garantista pudiera ser aprobada, el 9 de febrero de 2017, un grupo de legisladores presentaron en la Cámara de Diputados una iniciativa que pretende endurecer las normas procesales del sistema acusatorio. (….) La propuesta incorpora figuras contrarias a cualquier modelo democrático de justicia, al revertir la carga de la prueba para que sea el inculpado quien deba demostrar –mediante la producción de prueba– que existe duda razonable para exonerarlo, lo cual no ocurría ni en el sistema inquisitivo anterior a la reforma.” (p. 59)

No podemos guardar silencio frente a vidas como la de Laura, trastocadas de una manera profunda por un sistema judicial no sólo insensible e inhumano, sino ineficaz, donde existen cifras alarmantes de personas que llevan dos, tres hasta cinco años sin ser procesadas.

No es fácil trascender el dolor de la historia personal, cuando hay tanta desesperanza, cuando la anomia social nos rodea. Sólo la confianza de que es posible el empoderamiento social, la dinamización del tejido social para multiplicar la autodefensa, hacer resurgir la empatía y provocar un efecto multiplicador del acompañamiento social. Y aunque esto no alcanza para quitar el peso de la injusticia, ayudan a que no nos invada la resignación.

Y sí, sabemos que resolviendo caso por caso no se resolverá la enorme crisis, pero si los convertimos en vías para cuestionar y exigir un mejor sistema de justicia, se allanará el camino. Debemos encontrar formas inmediatas para facilitar el acceso a la justicia de los casos concretos que hoy agobian a una gran cantidad de víctimas, como vía para construir socialmente un sistema de rendición de cuentas de las tareas judiciales.

Fortalecer la gestión social participativa es una vía, entre otras, para enfrentar tanto a la obsolescencia y la simulación en la aplicación de la ley como a la aplastante maquinaria que oprime a la justicia.

Laura se sostiene en el afecto y solidaridad de su familia, amigos y amigas, y de quienes le han manifestado su apoyo; pero también se sostiene en la convicción que siempre ha tenido de que es posible contribuir a construir un país mejor. Apoyarla hoy también significa participar activamente para cuestionar el diseño y operación de nuestro sistema de justicia, sus actores y sus procedimientos.

Los casos como el de Laura deben ser resueltos. Debemos enterarnos quiénes son, en dónde están y porqué están injustamente acusadas, todas esas personas que representan el aspecto más violento y feroz de esta crisis ética nacional.

Amado Nieto Caraveo

Luz María Nieto Caraveo

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