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LA CLASE

Educación Ambiental

Gloria Olimpia Castillo Blanco


Hacia un instrumento regional por el principio 10 de la Declaración de Río

Resolver los distintos problemas ambientales que enfrenta México y los demás países del mundo requiere la participación de todos los sectores de la población, pero es necesario también que las personas tengan acceso adecuado a la información ambiental pública que disponen los gobiernos tales como reportes, planes, programas o proyectos que pueden implicar algún riesgo en las comunidades y su entorno.

Esta información debe estar a disposición del público o proporcionarse manera sencilla, gratuita y oportuna. Así, las poblaciones informadas pueden tomar parte en las decisiones sobre la gestión ambiental.

Por último, pero no menos importante, es tener acceso efectivo a la justicia, esto es, a los procedimientos judiciales y administrativos que garanticen acceder a los derechos referidos.

Los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental están reconocidos en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo1, el cual indica textualmente

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.

Con la convicción de que el cumplimiento de este principio permitirá mejorar las condiciones ambientales, sociales y económicas de todas las personas, un grupo de organizaciones de la sociedad civil de distintos países, instituciones y gobiernos en América Latina y el Caribe venimos trabajando para tener un instrumento que garantice la implementación del Principio 10 de la Declaración de Río.

El proceso inició de manera formal en junio de 2012 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, conocida como Río +20 que también tuvo lugar en Rio de Janeiro Brasil, en la cual se firmó la Declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo

Inicialmente diez países firmaron la Declaración (Chile, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay) pero se han ido incorporando más y para agosto de 2017 son ya 24 los países participantes y la meta es incorporar a todos los de la región. El proceso ha sido impulsado por la secretaria técnica a cargo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL.

Entre 2012 y 2014, se llevaron a cabo cuatro Reuniones preparatorias donde se determinaron acuerdos de procedimientos y la compilación de los temas a incluirse en el texto de negociación del Acuerdo.

A partir de 2015 iniciaron las Reuniones de Negociación, la 7ª se realizó en julio-agosto de 2017 en Buenos Aires y se pretende concluir en noviembre en la 8ª reunión que se realizará en Santiago de Chile.

Un aspecto relevante es la participación del público y la transición que ha seguido, pues al inicio era de manera horizontal y abierta, pero tal como los gobiernos expresaron “no debía ser referente para otros procesos de Naciones Unidas”, por tal motivo se hicieron una serie de ajustes y se determinaron las Modalidades de Participación para el Público: se eligieron seis representantes como enlace entre el público y el Comité de negociación; se tiene voz en el plenario y en las reuniones, pero sin voto; se pueden hacer propuestas al texto de negociación pero se negocia sólo si algún Estado apoya la sugerencia de la sociedad civil. Lo que se ha respetado es la interacción como pares en las reuniones y la posibilidad de presentar propuestas, participar de manera virtual, argumentar y contra-argumentar. Cualquier persona puede registrarse en el Mecanismo Público Regional y participar directamente.

Si bien el proceso se encuentra casi en la etapa final de la negociación, quienes participamos como sociedad civil vemos con preocupación la postura de los representantes de los países en cuanto a promover cierta regresividad por ejemplo en el régimen de excepciones que permite a los Estados más opciones para negar información.

En varios apartados, principalmente en el tema de participación, se han introducido cambios relevantes como sustituir el verbo “garantizar” por otros tan flexibles como “facilitar, promover o alentar” que dejan el compromiso a la buena voluntad del Estado. Se ha insistido también en que la participación debe ser darse en las primeras fases de todo proceso para que se pueda incidir efectivamente en la toma de decisiones, lo cual tampoco ha sido aceptado.

En cuanto a la justicia, se ha señalado la importancia de que existan mecanismos que garanticen que cualquier persona tenga la oportunidad de reclamar e inconformarse por los daños a su medio ambiente y obtener la reparación respectiva.

Se ha considerado también un artículo que refiere al fortalecimiento de capacidades y la cooperación, considerando que es un elemento indispensable para lograr la plena aplicación de los derechos de acceso y este artículo también se ha ido sintetizando y adelgazando en cada reunión.

Por último, la efectividad del instrumento radica en que considere la creación de estándares regionales que mejoren la realidad actual y sea de carácter vinculante, pues de lo contrario sólo será una lista de buenas intenciones.

Lo más preocupante es que México y Colombia son los países que se han destacado por su postura negativa. A pesar de ser uno de los diez países que firmó la Declaración del Principio 10 en Río+20 y fue sede de una reunión inicial del proceso (Guadalajara, 2014) los delegados de México en las reuniones de negociación se caracterizan por realizar muchas y extensas intervenciones, pero con pocas propuestas eficaces y no ha manifestado interés por un convenio vinculante.

A nivel nacional, tampoco ha tenido posturas claras y transparentes, ya que el texto de negociación se debió dar a conocer y discutir al interior del país, se supone que se realizaron dos reuniones intergubernamentales de las cuales no se dieron a conocer los resultados. En las reuniones en Cancillería no se informa sobre las posiciones y las propuestas de México, se han limitado a comentarios generales.

Por si esto no fuera suficiente, se realizaron solicitudes de información a través de la plataforma del Instituto Nacional de Acceso a la Información para conocer los resultados de la consulta de la versión preliminar del texto y se nos negó la información, esta es una muestra de la importancia de contar con un instrumento regional que establezca obligaciones a los gobiernos que permitan a todas la personas de América Latina y el Caribe el pleno acceso a la información, la participación y la justicia ambiental.

Algunas páginas de interés:

Para conocer más sobre el Proceso: www.cepal.org/es/temas/principio-10

Para inscribirse al Mecanismo Público Regional www.cepal.org/es/registro-Principio10

Observatorio del Principio 10, creado por la CEPAL y que contiene información útil sobre la región
http://observatoriop10.cepal.org/es

Página de las organizaciones de la Sociedad civil involucrada en el proceso www.lacp10.org/

Videos

1  La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, también conocida como Cumbre de la Tierra, se realizó en Río de Janeiro Brasil en junio de 1992 y se concertaron cinco documentos:La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
1. La Agenda 21
2. La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
3. Convenio sobre la Diversidad Biológica
Declaración de principios sobre los bosques

Más información al correo p10@hotmail.com

Gloria Olimpia Castillo Blanco
Participa en activamente en Comunicación y Educación Ambiental SC y es actualmente estudiante de la Maestría de Educación Ambiental de la Universidad Pedagógica Nacional 095

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