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LA CLASE

Educación Ambiental

Eduardo León Trauwitz
Gilberto Ramírez Ávila


Energía y Medio Ambiente

INTRODUCCIÓN

El paisaje de la Tierra ha cambiado por la intervención del hombre; este proceso se ha acentuado a partir de la Revolución Industrial con el crecimiento demográfico, los procesos de transformación y la emisión de gases. Hasta los años 1960, comienza un proceso de concientización de la influencia del hombre en el entorno ecológico y esta percepción se internacionaliza generando en diversas partes del mundo políticas públicas para la protección del entorno.

Al paso del tiempo, dichas políticas se han especializado en diversos temas ambientales a la par del desarrollo de las investigaciones científicas al respecto. Hoy se pueden distinguir dos tipos de regulaciones internacionales ambientales: las que tienen por objeto proteger la oferta de bienes públicos globales y las dirigidas a incorporar cláusulas ambientales en otros acuerdos internacionales. En el primer grupo se encuentran los Acuerdos Multilaterales Ambientales (AMUMA) en torno a diversos temas: diversidad biológica, cambio climático, protección de la capa de ozono, etc. Al segundo grupo pertenecen las regulaciones ambientales vinculadas a acuerdos de libre comercio e integración, como el acuerdo ambiental paralelo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y la normativa ambiental de la Unión Europea.

México ha participado y suscrito la mayoría de los instrumentos internacionales ambientales, ha desarrollado sus políticas ambientales a partir de una óptica proteccionista y egocentrista de la ecología a una visión de respeto a la biodiversidad y a los componentes del medio ambiente.

No obstante, a nivel internacional aún no hay consenso para suscribirse a las políticas ambientales que limitarían la actual forma de producción de capital; en contraste México tiene limitado los recursos públicos y privados para establecer medidas de preservación del medio ambiente aunque exista participación ciudadana e intención de mejorar el marco legal respectivo.

Los conceptos de energía y medio ambiente se encuentran íntimamente relacionados: por una parte, la utilización de energías de origen fósil generan una serie de impactos sobre el medio ambiente, desde la extracción de la materia prima, hasta su transformación y aprovechamiento, y por otra, se trata de recursos no renovables, circunstancia preocupante desde el punto de vista del desarrollo de la sociedad.

Ciertamente, existen hoy por hoy, alternativas reales a las fuentes de energía convencionales que, además de garantizar nuestro bienestar, contaminan en menor medida el medio que nos rodea.

Por otra parte, la utilzación de energías no renovables debe ser objeto de evaluación e investigación, con el fin de conseguir mejoras de eficiencia energética en los diferentes procesos productivos. Las politicas de gestión y ahorro de la energía deben propiciar, desde la concienciación de todos, un consumo más racional de energías de origen fósil y la sustitucion progresiva por energías renovables.

I. Evolución de las políticas públicas sobre el medio ambiente

Desde la aparición de los primeros homínidos en la tierra, el planeta ha experimentado un cambio derivado de la dinámica bidimensional entre el ser humano y su entorno. Particularmente, por la manera en que el individuo afecta a su medio y como éste influye y condiciona el devenir de la sociedad, transformando la ecuación individuo-entorno en una fuente de poder real.

En ese marco, la evolución de la sociedad se ha basado en la energía procedente de fuentes fósiles, como el carbón y el petróleo, que han sido utilizados en los procesos de industrialización.

Las diversas modalidades de desarrollo han priorizado políticas económicas que estimulan la tasa de inversión en un contexto de escasas existencias ambientales, por lo que su explotación ha afectado al medio ambiente, lo que se refleja en la pérdida de biodiversidad, problemas de desertificación, crisis alimentarias, energéticas, así como aumento de la población y, mantenimiento y profundización de las desigualdades sociales, entre otros.

Entre 1950 y finales de los años 60, la problemática ambiental estuvo prácticamente ausente de las estrategias y políticas nacionales. Sin embargo, a partir de 1970 el tema ambiental comenzó a aparecer con mayor vigor y frecuencia en las agendas nacionales como reacción a las demandas provenientes “desde afuera y desde arriba”.

Los cambios en la composición del comercio internacional obligaron a las naciones en vías de desarrollo a buscar nuevos medios de pago de su deuda externa, generando flujos de recursos hacia el exterior, recortes del gasto público y, en consecuencia, un incremento de la desocupación, la marginalidad y la pobreza. El sector ambiental fue afectado por recortes de personal y presupuesto mientras se ejercía una inédita presión sobre los recursos naturales para incrementar sus exportaciones y generar las divisas que se requerían.

En el ámbito multilateral, la preocupación de los años 60 por la amenaza nuclear, la pérdida de bosques y los problemas derivados de la contaminación generada por la sociedad del riesgo, marcaron el inicio de la adopción de políticas públicas ambientalistas1 y la celebración de la Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano/Cumbre de la Tierra, (Estocolmo, Suecia) en 1972, orientada a sensibilizar a los líderes mundiales sobre la magnitud de los problemas ambientales y el establecimiento de compromisos para afrontarlos2.

En ese mismo año se creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA/UNEP ( United Nations Environment Programme, por sus siglas en inglés) que apoya a los países en la adopción de políticas medioambientalistas y fija la agenda ambiental global que promueve la aplicación coherente de las dimensiones ambientales del desarrollo sostenible en el marco del sistema de las Naciones Unidas3.

A nivel social, los movimientos ambientalistas empezaron a ganar legitimidad ante la opinión pública por su actividad ante las consecuencias ambientales y generaron una conciencia social más crítica. De esa manera, se fueron entretejiendo las iniciativas de las organizaciones sociales, instancias gubernamentales, los intereses ante necesidades específicas de la sociedad y los pesos de poder ante las circunstancias4; es decir, se trató ya de Políticas Públicas de acción colectiva promovidas por el Estado para resolver problemas de bienes públicos, como es el tema del medio ambiente5. Es en ese contexto, donde a partir de los años 70, diversos países comenzaron a establecer políticas públicas ambientalistas.

En 1980, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) propuso una estrategia mundial de conservación desde una perspectiva ecosistémica, integral y multicausal, que posibilitara la instrumentación de programas coordinados con un enfoque intersectorial 6.

En los años 90, el mercado externo empezó a condicionar las medidas de control ambiental para los intercambios comerciales, y se incrementaron las preocupaciones ambientales. El giro en la cultura ambiental del sistema internacional se tradujo en la transnacionalización de muchas organizaciones ambientalistas con organizaciones no gubernamentales (ONGs); se reforzó la institucionalidad ambiental y se transitó de una política reactiva a otra de prevención y control.7 Se instauraron sistemas de evaluación de impacto ambiental y se incorporó en el ámbito internacional la obligación de los Estados de actuar en interés de la Seguridad Humana8, como lo estipula el Protocolo de Montreal (1987)

La Cumbre de Río,9 celebrada en 1992, representó un cambio en el estudio y protección medio ambiental, en particular por la adopción del Programa/Agenda 21 (que amplía el concepto de medio ambiente a desarrollo medioambientalmente sostenible); de tres Convenciones de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (1994), Diversidad Biológica (1993) y de Lucha contra la Desertificación (1996)10, que dieron origen a la adopción de protocolos ambientales; y a la realización de las Conferencias de las Partes (COP), mecanismos que desde 1995 buscan controlar el calentamiento global y reducir las emisiones de gases contaminantes.

Las Convenciones de Río abordan el trinomio cambio climático-biodiversidad-desertificación. Ya que entre más intenso sea el cambio climático, mayor será la pérdida de especies de flora y fauna, al igual que el número de tierras secas y semiáridas. Mostraron además, la contraposición de intereses científicos y económicos contrapuestos. Éstos últimos buscaron explicaciones que no atribuyeran al desarrollo industrial, urbano y de consumo los cambios al medio ambiente, el cual se basa principalmente en el petróleo y representa enormes ganancias para las empresas del sector y para los países desarrollados, especialmente Estados Unidos, que limitó durante varios años cualquier consenso que pudiera generarse para actuar de manera conjunta contra el cambio medio ambiental.

En ese contexto se entiende el fracaso del Protocolo de Kyoto (1997), que compromete a 37 países industrializados y la Unión Europea a estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero, por su responsabilidad en las emisiones de esos gases (GEI) resultantes de la quema de fósiles combustibles.11 Y que a la fecha no se ha podido instrumentar aun cuando existe el compromiso de mantener el calentamiento global por debajo de 20C (Acuerdo de París, COP 21, 2015).12

II. Políticas públicas ambientales en México

En el caso de México, la agenda legislativa relacionada con el tema ambiental registra desde 1926 un intento de regulación del agua, la creación del Código Sanitario (1934); el Reglamento para los Establecimientos Industriales o Comerciales, Molestos, Insalubres o Peligrosos de 1940; la Ley de Conservación del Suelo y del Agua (1946); la Ley Federal de Caza (1952) y la Ley Forestal de 1961.13

Debido a la urbanización e industrialización de las ciudades, en los años 60s se creó una política ambiental relacionada con la contaminación atmosférica, 14 que dio lugar a la promulgación de la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental (1971) y a la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente (SMA), adscrita a la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA).15

Estos temas detonaron la promulgación de una nueva Ley General de Población, que se reforzaría con la creación de un marco jurídico sobre problemas ambientales. De esa forma, en julio de 1972 se reformó el Art. 73 constitucional para crear el Consejo de Salubridad General para Prevenir y Combatir la Contaminación Ambiental.

En 1976 la SSA implementó una política de saneamiento ambiental que estableció programas para la protección de suelos, agua y aire. La planificación ambiental se realizaba a través de la Secretaría de Asentamientos Humanos, lo que requirió de la conformación de la Dirección General de Ecología Urbana16.

Lo anterior condujo a la creación de la Comisión Intersecretarial de Saneamiento Ambiental (1978)17 e impulsó la participación de México en el Programa “El Hombre y la Biosfera” de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

En 1979, la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) reglamentó la contaminación de aguas marinas por vertimiento de desechos y monitoreó la calidad del agua marina y su impacto sobre el medio ecológico. 18

Entre 1979 y 1982 se realizó un Programa Coordinado para Mejorar la Calidad del Aire en el Valle de México y regular las emisiones contaminantes en el que se involucraron autoridades, empresas y sociedad civil.

México se adhirió (1980) a la estrategia mundial de política pública ambiental de conservación de la UICN, y en 1982 se publicó la Ley Federal de Protección del Medio Ambiente.”19 En el Reglamento para la Protección del Ambiente contra la Contaminación por la Emisión de Ruidos y el Programa Nacional de Desarrollo 1983-1988 se introdujo un apartado sobre ecología. Asimismo, se publicó el Plan Nacional de Ecología 1984-1988 (PNE) que planteaba el problema de la explotación irracional de los recursos forestales y alertaba sobre los daños infringidos a la flora y la fauna; el Plan fue reforzado con la creación de la Comisión Nacional de Ecología (CONADE) de carácter intersecretarial en 1985.

A partir de la firma de Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el Acuerdo de Cooperación Ambiental para América del Norte (ACAAN) (1994) se buscó fortalecer la estructura pública institucional y la capacidad operacional del gobierno, a fin de llevar a cabo eficazmente la gestión ambiental. Se crearon instrumentos mixtos de política que integraran al hombre con la naturaleza en un enfoque sistémico y plural. Asimismo, se adoptó de manera generalizada la idea-fuerza de desarrollo sustentable, que señalaba el aprovechamiento de los recursos naturales renovables y del medio ambiente para una mejor calidad de vida surgida en Río en 1992. En el caso de México se expidió la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, se creó la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en sustitución de la SEDUE, se constituyó el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

Durante la primera década de este siglo, las políticas públicas medio ambientalistas buscaron integrar la conservación del capital natural del país con el desarrollo social y económico desde un enfoque transversal, lo que llevó a la creación de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) como organismo gestor de los recursos renovables. Posteriormente se desincorporó el sector pesquero creándose la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Se adoptó también el Plan Estratégico de Cambio Climático y en 2007 la Estrategia Nacional de Cambio Climático, así como el sistema de indicadores ambientales del Comité de Política Ambiental de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para integrar el Sistema Nacional de Indicadores Ambientales (SNIA). Posteriormente, estos indicadores incluirían los Objetivos del Milenio (en específico el Objetivo 7 relativo al medio ambiente) establecidos por Naciones Unidas, los de la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible (ILAC), derivada del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y en la región, los establecidos por la cooperación fronteriza con Estados Unidos.20

III. Situación actual de México en el tema ambiental

Con el 8.5% de la población mundial, América Latina aporta el 5.4% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. El mayor emisor de la región es México, con 356 millones de toneladas al año. Las emisiones de México y Brasil representan el 53% del volumen regional de emisiones. Aunque la población conjunta de ambos países es similar a la de los Estados Unidos de Norteamérica, las emisiones mexicanas y brasileñas, sumadas, apenas representan un 12% de las de dicho país.21

México, como parte del Grupo de Integridad Ambiental22 propuso en la COP22 (Marruecos 2016), que se establezcan los mecanismos para la realización de Reportes Regionales de Adaptación dentro de la Convención.23

Después de la “Cumbre de la Tierra”, se creó la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) que es una comisión intersecretarial con carácter de permanente, y que implementó en México el Convenio de Diversidad Biológica (CDB).

En 2014 la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado (CMRN) celebró un acuerdo de colaboración con la SEMARNAT; y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (SG/OEA) con el objetivo de evaluar los desafíos y oportunidades existentes en el marco legal ambiental federal mexicano.

De lo anterior, la LXIII Legislatura del Senado de la República propuso integrar las disposiciones de biodiversidad en un sólo ordenamiento que tenga disposiciones transversales y señale la concurrencia entre los tres niveles de gobierno a través de una Ley General de Biodiversidad en sus tres niveles genes, especies y hábitat.

Tras la realización de la COP 13 (2016), México propuso como política pública esta Ley General que tiene como objetivo armonizar la legislación en materia de biodiversidad, ya que al rededor del 10% de la diversidad global de especies se concentra en el territorio mexicano.

IV. Industria, energía y medio ambiente en México

De acuerdo con SENER el 90% del total de energía que se produce en México proviene de combustibles fósiles, y un 65% del total de las emisiones globales de gases de efecto invernadero provienen de los procesos de producción y consumo de energía.24

De acuerdo a esta Secretaría, durante el periodo 1971-2013, la emisión mundial derivada del consumo de combustibles fósiles aumentó alrededor de 130%. La Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), en el año 2013, cinco países fueron responsables del 58.4% del CO2 emitido a nivel mundial por consumo y quema de combustibles fósiles: Estados Unidos, China, Federación de Rusia, Japón e India, en conjunto emitieron 18,790 millones de toneladas de un total de 32.2 mil millones generadas en el planeta. Entre estos países, destacan China y Estados Unidos, responsables de 28 y 15.9% de las emisiones en el planeta en ese año, respectivamente. La contribución de México a las emisiones globales en 2013 fue de 1.4%, ubicándolo entre los primeros quince países por su volumen de emisión25.

De acuerdo con el Inventario Nacional de Gases y Compuestos de efecto Invernadero (INEGyCEI) 2013, elaborado con datos de 2013 y la metodología revisada, las emisiones totales de CO2 equivalente en ese año fueron de 665 Mt. Las fuentes móviles, principalmente el autotransporte (26.2%) y la generación de energía eléctrica (19%) fueron los sectores que más contribuyeron al total de emisiones. Le siguen en importancia el sector industrial (17.3%), el de petróleo y gas (12.1%) y el agropecuario (12%), aunque en este último caso, resalta su contribución a la generación de metano. Las emisiones atribuibles a los residuos y al uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura no sobrepasaron el 5% cada una.

En México, la intensidad de emisiones en 2013 fue de 0.049 kilogramos de CO2e por cada peso producido. En el mismo año, cada mexicano emitió alrededor de 6.04 toneladas de CO2e considerando el total de emisiones nacionales de GEI.26

México considera el cambio climático como un asunto de seguridad nacional y por ello se ha preocupado desde hace varios años por impulsar medidas de mitigación y adaptación a este fenómeno global, lo que le ha permitido destacar a nivel internacional. Como parte de estas acciones y en materia de instrumentos de política pública sobre el tema, destaca la publicación de la Ley General de Cambio Climático (LGCC), que coloca a nuestro país como uno de los primeros, junto con el Reino Unido, en contar con una legislación a nivel nacional sobre el tema. 27

Para la instrumentación de esta ley, se publicó en 2013 la Estrategia Nacional de Cambio Climático, Visión 10-20-40 (ENACC), que describe los ejes estratégicos y las líneas de acción para orientar las políticas de los tres órdenes de gobierno y fomentar la corresponsabilidad con los diversos sectores de la sociedad. En la ENACC se plantea como reto para el país reducir 30% las emisiones en 2020 y 50% en 2050 con respecto a las emisiones del año 2000.

En 2014 se implementó una nueva modalidad de impuesto especial sobre la producción y los servicios (IEPS), la cual grava el contenido de carbono en los combustibles fósiles. Su objetivo principal es desincentivar el consumo de combustibles en la población, básicamente por el incremento en su precio, todo ello con la intención de contribuir a mitigar las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero.

Como parte de las estrategias de cooperación internacional, en 1991 se estableció el Fondo Multilateral para la Implementación del Protocolo de Montreal, cuyo objetivo ha sido apoyar a los países en desarrollo a cumplir con las medidas de control adoptadas ante el Protocolo de Montreal. Sus recursos se dirigen a impulsar la introducción de tecnologías limpias y a la capacitación de los usuarios de las SAO en esos países. México recibió de este Fondo en el periodo 1991-2014 un total de 124.07 millones de dólares, con los que apoyó 146 proyectos en sectores como refrigeración, aerosoles, espumas, solventes, agricultura y almacenaje de productos, entre otros

Respecto a las aguas residuales industriales, entre 2000 y 2014 su descarga hacia los cuerpos de agua se incrementó 19.6%, pasando de 169.9 a 211.4 metros cúbicos por segundo. En este último año, las descargas fueron de alrededor de 6.67 miles de hectómetros cúbicos al año (211.4 m3/s), de los cuales se trataron 2.07 miles de hectómetros cúbicos al año (65.6 m3/s).

Respecto al tipo de industrias generadoras, en el periodo 2004-2014, las que contribuyeron con un mayor volumen de Residuos Peligros (RP) fueron la industria química (211,886 t, 15.7% del total generado), la automotriz (195,101 t; 14.4%), la metalúrgica (190,229 t; 14.1%) y la de petróleo y petroquímica (138,957 t) 10.3% del total producido.28

En el periodo comprendido entre 1992 y 2015, el sector que ingresó el mayor número de Riesgo Ambiental fue el petrolero y sus derivados (2,948 estudios; 28.4% del total), seguido por el de alimentos y bebidas (1,463; 14.1%). Otro grupo de estudios que representa un porcentaje importante de los ingresados en el periodo son los clasificados como “Otros”, con 3,281 estudios (31.6% del total), e incluye a los relacionados con plantas de tratamiento de aguas residuales y las plantas potabilizadoras de agua que usan cloro gaseoso en los procesos; a las plantas que comercializan amoniaco anhidro (NH3) como fertilizante; a las industrias formuladoras de agroquímicos, pesticidas, insecticidas y fertilizantes; las que producen hielo y que utilizan NH3 como gas refrigerante; a aquellas que se dedican al cromado y niquelados de partes mecánicas; a las plantas armadoras automotrices que manejan solventes; y a los establecimientos que almacenan y comercializan grandes cantidades de sustancias químicas, entre otras.

Entre 2008 y 2015 se identificaron 4,078 sitios contaminados por emergencias ambientales, de este total, Pemex tuvo responsabilidad en 2,743 sitios (67.3%), los transportistas fueron los responsables en 1,041 sitios (25.5%), otras industrias provocaron emergencias en 266 sitios (6.5%) y los ferrocarriles generaron 28 (0.7%).

V. Gestión de la energía, política energética y desarrollo sostenible.

Como base para la gestión de la energía se debe partir del análsis energético ó contabilidad energética, término que implica el conocimiento de los flujos de energía globales en cualquier proceso y de los consumos y costes de cada etapa concreta. Este análisis trasciende las consideraciones económicas, y pone también en juego determinados parámetros ambientales, pasa a ser un balance o análisis ecoenergético.

En la fabricación de cualquier producto se consume energía no sólo en las diferentes fases de elaboración, sino también en la extracción y preparación de las materias primas, en la construcción de la maquinaria e instalaciones utilizadas, etcétera.

El conocimiento del consumo de energía a lo largo del proceso sentará las bases para la introducción de mejoras tecnológicas y de eficiencia energética que reduzcan las cifras iniciales.

En la realidad, se dan situaciones paradógicas que denotan claras deficiencias en la gestión energética. Sirva como ejemplo el siguiente dato: aprovechamos sólo una mínima parte de las potencialidades que nos ofrece la energía solar, capaz de suministrar hasta 10,000 veces la energía que necesita todo el planeta, y al mismo tiempo, sufrimos las consecuencias de las fluctuaciones en el precio del barril de petróleo.

En suma, en cualquier proceso productivo, sólo una parte de la energía es la que se aprovecha finalmente para el desarrollo de trabajo útil. Los rendimientos, en general, son bajos, de forma que el consumo de energía necesario es elevado. En consecuencia, resulta capital la investigación encaminada a la optimización de los flujos de energía, reduciendo pérdidas y aumentando rendimientos.

De todos es conocida la fragilidad de los equilibrios en el campo de la energía, que tienen finalmente una influencia sobre los demás sectores económicos. Está extendida también la idea de que las leyes economicas actúan como elementos reguladores, pero en realidad, si no existe una política enegética perfectamente definida que parta de un análisis realista de las necesidades y del coste global de los recursos, el día a día nos irá evidenciando el derroche de recursos escasos y los efectos que ello genera.

La industria debe asumir, de manera voluntaria, compromisos y responsabilidades que le permitan avanzar hacia el desarrollo sostenible. La implantación de un sistema de gestión medioambiental y la incorporacion del medio ambiente a los objetivos generales de la empresa le permitirán minimizar los costes ambientales de la energía, al tiempo de obtener ventajas competitivas (imagen, calidad, etc.).

Por supuesto, la política energética hay que analizarla en un contexto más amplio en relación con el medio ambiente, en el que también son focos de atención la reducción de la contaminación en origen y la reutilización o reciclaje de los productos generados en cualquier proceso productivo.

Obviamente, debe ejercerse un control efectivo que evalue el grado de cumplimiento de la normativa, materializado en lo que algunos denominan como “auditorías energéticas”.

Una de las actuaciones de mayor calado que cabe acometer con urgencia es el fomento de la educación ambiental en todos los niveles de enseñanza. Pensamos que llevar a cabo adecuaciones sin el compromiso ni la complicidad de todos los ciudadanos resulta poco fructífero. En el terreno de la energía, lo mismo que en cualquier otro que afecte al medio ambinte, es imprescindible la formación, la concienciación hacia una cultura de ahorro que, desde luego, debe implicar a las grandes industrias, pero también a todos los ciudadanos, en tanto que consumidores individuales.

En consecuencia, se apuesta por la transversalidad del tema de la energía, especialmente en las primeras etapas de formación de las jóvenes generaciones, pues es donde se gestan y arraigan los valores que marcarán su comportamiento. Además, es también prioritario prever actuaciones para el resto de la población, de manera que el ejemplo de todos sea el germen de una mayor sintonía con la conservación de la naturaleza, es pues necesaria, una predisposición de todos para integrar el medio ambiente en la gestión energética.

Conclusiones

Los años sesenta y, sobre todo, los setenta en México son años de reflexión ambiental ante la creciente preocupación por el tema ambiental, que es vista como un problema de contaminación y de salud pública.29

Cuando las Naciones Unidas estableció la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1983, se concluyó que para satisfacer “las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias” la protección del medio ambiente y el crecimiento económico habrían de abordarse como una sola cuestión y se acuñó el término de “sustentabilidad”.

La Cumbre para la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992 fue un momento decisivo en las negociaciones internacionales sobre las cuestiones del medio ambiente y el desarrollo. En ese marco México alineó sus políticas públicas ambientales al nuevo entorno macroeconómico contemplado en el TLCAN y adoptó un marco jurídico para que el sector industrial y comercial tuviera en consideración el factor ambiental.

De esta manera, en la década anterior emergió un nuevo cuadro ético-político, que incluyó principios jurídicos internacionales sobre el medio ambiente y el desarrollo. El más sobresaliente es el Principio 7 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, relativo a “las responsabilidades comunes pero diferenciadas”, en que se reconoce implícitamente la deuda ambiental que los países desarrollados han adquirido con el resto de la comunidad internacional, tras haber sometido al medio ambiente a un conjunto de externalidades acumulativas y globales producto de su trayectoria de industrialización.

Ante la creciente competencia internacional corresponde a nuestro país un mayor grado de preocupación y búsqueda de cumplimiento de estándares ambientales internacionales y una lucha por la diferenciación de productos y procesos; en ese sentido apuntan las normas ISO 14001 y los conceptos de “ecoeficiencia” en los procesos de producción.30

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los Estados Miembros y es la guía de referencia para el trabajo institucional la materia. Esta nueva hoja de ruta presenta una oportunidad histórica para América Latina y el Caribe, ya que incluye temas prioritarios para la región, como la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, un crecimiento económico inclusivo con trabajo decente para todos, ciudades sostenibles y cambio climático, entre otros.31

En México el desarrollo institucional y la capacidad de gestión ambiental alcanzada hasta la fecha han sido, insuficientes para contener los costos ambientales del grado y modalidad de la expansión económica y concentración urbana que ha experimentado en las últimas décadas.

Asimismo, entre los países desarrollados hay una falta de voluntad política internacional para suscribirse a convenios ambientales con normas sancionadores. Por ejemplo, en el costo de implementación, su distribución y la posible incidencia en la competitividad de algunos países han limitado la plena instrumentación del Protocolo de Kyoto en el marco de la Convención sobre el Cambio Climático.

México requiere apuntalar las políticas públicas para desarrollar mecanismos institucionales que aseguren una inversión pública eficiente de las rentas generadas por la extracción de recursos naturales, destinándolas en forma específica al mejoramiento del capital humano, la infraestructura, la innovación y el desarrollo tecnológico así como inversión a proyectos ambientales

También requiere desarrollar una política de Estado y una visión estratégica de diversificación productiva y cambio estructural de largo plazo, que haga posible un progresivo desacople de la economía nacional respecto de una excesiva dependencia de los sectores extractivos y al mismo tiempo de la alinear y simplificar la normatividad ambiental que se concrete en metas, indicadores y acciones de beneficio tangible al medio ambiente.

El desarrollo social y tecnológico es posible realizando importantes esfuerzos en investigación, tendientes a racionalizar el consumo mundial de energía e integrando los costes ambientales en los sistemas de gestión empresarial.

Como última idea, se insiste en la necesidad de participación de los diferentes sectores, sociales, políticos y económicos, quienes, asumiendo su responsabilidad, apuesten decididamente por un cambio educacional que tenga como fin último el respeto y la conservación del medio ambiente.

BIBLIOGRAFÍA

I.Obras consultadas:

BIELSCHOWSKY, Ricardo, Setenta años de la CEPAL, Siglo Veintiuno-Cepal, Argentina, 2010, 970 págs.

CONDE ÁLVAREZ, Ana Cecilia y LÓPEZ BLANCO, Jorge, coordinadores, Variabilidad y Cambio Climático. Impactos, Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático en América Latina y el Caribe. Propuestas para Métodos de Evaluación, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), 2016, 144 págs.

LEZAMA, José Luis y GRAIZBORD, Boris, coordinadores, Medio Ambiente, Colegio de México, Colección Los Grandes Problemas de México, Vol. 4, México, 2010, 431 págs.

DE VENGOECHEA, Alejandra, Las cumbres de las Naciones Unidas sobre cambio climático, Fundación Friedrich Ebert, Colombia, 2012.

II.Publicaciones periódicas:

LÓPEZ-VALLEJO OLVERA, Marcela, La agenda ambiental mexicana ante la gobernanza global y regional, en Revista El Colegio de San Luis, San Luis Potosí, vol.4 no.7, México, junio 2014.

SEMARNAT, Informe de la situación del medio ambiente en México. Compendio de estadísticas ambientales. Indicadores clave, de desempeño ambiental y de crecimiento verde, SEMARNAT, México, 2015, págs. 495.

III. Otras fuentes consultadas:

“Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe”, dirección en Internet: http://www.cepal.org/es/publicaciones/40155-agenda-2030-objetivos-desarrollo-sostenible-oportunidad-america-latina-caribe, fecha de consulta: 27 de febrero de 2017.

“El resumen de la COP 22 de Marrakech en dos minutos”, dirección en Internet: http://www.hablandoenvidrio.com, fecha de consulta: 28 de febrero de 2017.

“Logros de la Conferencia de las Partes”, dirección en Internet: http://www.sostenibilidad.com, fecha de consulta: 28 de febrero de 2017.
“Convención de las Naciones Unidas para la lucha contra la Desertificación”, dirección en Internet: http://www.onu.cl/onu/unccd/, fecha de consulta: 27 de febrero de 2017.

“Protocolo de Kyoto”, dirección en Internet: http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/unced.html, fecha de consulta: 27 de febrero de 2017.

1 ULRICHT BECK, La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad, Planeta, México, 2006, pág. 72

2 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Día Internacional de la Madre Tierra, Antecedentes, ONU, EUA, 2009, dirección en Internet: httpp://www.un.org/es/events/modernearthday/background.shtml, fecha de consulta: 6 de marzo de 2017.
fn3. JOSÉ LUIS LEZAMA y BORIS GRAIZBORD, (Coords.), Medio Ambiente, El Colegio de México, Colección Los Grandes Problemas de México, Vol. 4, México, 2010, pág. 29.
fn4. LUIS AGUILAR V, “Los objetos de conocimiento de la Administración Pública, Tomo I,” en El estudio de las políticas públicas. Estudio Introductorio y Edición, Porrúa, México, Segunda edición, 1996, México, págs. 15-78. Cit. Post. RAFAEL TONATIUH RAMÍREZ BELTRÁN, La mar y el ancla, UPN Azcapotzalco, México, 2015, pág. 133

5 GABRIEL QUADRI, Políticas públicas, sustentabilidad y medio ambiente, coeditado por MA Porrúa-ITESM CCM y la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, México, 2006, pág. 148, Cit. Post. RAFAEL TONATIUH RAMÍREZ BELTRÁN, Op.Cit.

6 Cfr. J. L. LEZAMA y B. GRAIZBORD, op. cit., pág. 38.

7 A manera de ejemplo se señala la creación del Centro de Enlace Ambiental (ELCI), fundado en 1975 para el intercambio de información y experiencias entre ONGs; El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (PICC) creado en los 80, para evaluar información científica, técnica y socioeconómica que permita entender el riesgo del cambio climático inducido por el hombre.

8 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y Protocolo de Montreal de 1987, dirección en Internet: http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm, fecha de consulta: 27 de febrero de 2017.

9 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo/Cumbre de Río/Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro, Brasil en 1992.

10 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), adoptado en mayo de 1992 y entró en vigor en marzo de 1994), Convenio sobre la Diversidad Biológica (CNUDB) entró en vigor en 1993 y Convención de Lucha contra la Desertificación (CNULD), mejor conocidos como Convenciones de Río.

11 Cfr. ONU, Protocolo de Kyoto, dirección en Internet: http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/unced.html, fecha de consulta: 27 de febrero de 2017.
fn12. “Logros de la Conferencia de las Partes”, dirección en Internet: http://www.sostenibilidad.com, fecha de consulta: 28 de febrero de 2017.

13 DARDÓN BRAVO, La problemática ambiental en México, págs. 14-20, citado por JOSÉ LUIS LEZAMA y BORIS GRAIZBORD, Medio Ambiente, Colegio de México, Colección Los Grandes Problemas de México, Vol. 4, México, 2010, pág. 35.

14 Cfr. J. L. LEZAMA y B. GRAIZBORD, op. cit., pág. 31.

15 Ibid., pág. 32.

16 La Dirección General de Ecología Urbana era la encargada de analizar los impactos ambientales de los procesos productivos y el reciclaje, además de que proponía políticas ambientales para las zonas metropolitanas.

17 Encargada de instrumentar programas ambientales de coordinación con instituciones y dependencias gubernamentales

18 Cfr. J. L. LEZAMA y B. GRAIZBORD, Op. Cit., pág. 35.

19 En esta Ley se define el ambiente como un “conjunto de elementos naturales, artificiales o inducidos por el hombre, físicos, químicos y biológicos que propician la existencia, transformación y desarrollo de organismos vivos”. J. L. LEZAMA y B. GRAIZBORD, Op. Cit., pág. 39

20 Marcela López-Vallejo Olvera, La agenda ambiental mexicana ante la gobernanza global y regional, Revista El Colegio de San Luis, San Luis Potosí, vol.4 no.7, México, junio 2014.

21 SEMARNAT, informe de la situación del medio ambiente en México. Compendio de estadísticas ambientales. indicadores clave, de desempeño ambiental y de crecimiento verde, SEMARNAT, México, 2015, pág. 36.

22 EIG, por sus siglas en inglés, compuesto por Liechtenstein, México, Mónaco, República de Corea y Suiza.

23 ANA CECILIA CONDE ÁLVAREZ y JORGE LÓPEZ BLANCO, coordinadores, Variabilidad y Cambio Climático.Impactos, Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático en América Latina y el Caribe. Propuestas para Métodos de Evaluación, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), 2016, pág. 16.

24 RIGOBERTO GARCÍA OCHOA, Hacia una perspectiva de la sustentabilidad energética, en los grandes problemas nacionales, Colegio de México, México, 2010, pág. 342
fn25. Paradoja de Jevons: al lograrse una mayor eficiencia energética debido a la innovación tecnológica, se produce un aumento en la demanda de energía.
fn27. Ibid., pág. 338

28 CFR. Ibid. Pág. 451

29 RICARDO BIELSCHOWSKY, Setenta años de la CEPAL, Siglo Veintiuno-Cepal, Argentina, 2010, pág. 831

30 RICARDO BIELSCHOWSKY, op. cit., pág. 848

31 CEPAL, Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe, dirección en Internet: http://www.cepal.org/es/publicaciones/40155-agenda-2030-objetivos-desarrollo-sostenible-oportunidad-america-latina-caribe, fecha de consulta: 27 de febrero de 2017.fn18. Cfr. J. L. LEZAMA y B. GRAIZBORD, Op. Cit., pág. 35.

Eduardo León Trauwitz

Gilberto Ramírez Ávila

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