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Orientación educativa

Sentido Común

Hernán Sorhuet Gelós


Dolorosa bofetada

El ministro de Economía Danilo Astori anunció los aumentos de tarifas para el 2017 señalando que a partir del 1º de enero el incremento en el servicio del agua potable será de 8%, a lo que se le agregará 7.3% sobre el cargo fijo correspondiente, de acuerdo a la capacidad instalada.

¿Cómo intentó justificar ese aumento abusivo extra? Señalando que se trata de una tasa ambiental “que se pensaba poner en práctica a comienzos de este período de gobierno”.

Explicó el jerarca que ese mecanismo recaudador se estableció para afrontar la grave crisis de contaminación que padece el río Santa Lucía (de ahí su denominación de “ambiental”), principal curso hídrico abastecedor de agua potable de toda el área metropolitana. Se necesita más y mejor tecnología para potabilizar el agua del río, debido al alarmante estado que presenta.

De esta manera, el gobierno en lugar de atacar el problema de raíz –tomar las medidas necesarias para lograr que los establecimientos y empresas contaminantes de la cuenca dejen de hacerlo- lo elude, mira para el lado equivocado y escoge la peor opción: que toda la población pague por ello.

Las fuentes contaminantes presentes en la actualidad seguirán arruinando la cuenca, y los usuarios del servicio de OSE pagaremos una elevada “tasa” para financiar los costes adicionales de tratamientos de las aguas, como si fuéramos los responsables del problema.

Es un castigo injusto e inaceptable.

Se necesitan decenas de millones de dólares para que el ente nos asegure a los usuarios la calidad del producto. Pero ese dinero no saldrá de los bolsillos de los culpables sino de toda la población, lo que demuestra que no se trata de una tasa ambiental, sino de un simple incremento de tarifa, que además llegó para quedarse. Recordemos que una tasa ambiental solo grava al infractor hasta que deja de serlo.

¿Por qué el Ejecutivo recurre a este burdo disfraz del aumento anunciado? Seguramente para minimizar la reacción de la gente, que parece no haber advertido el grotesco engaño.

La constatación de que establecimientos productivos y plantas industriales viertan sus aguas residuales a la cuenca del Santa Lucía significa una flagrante violación a las normas vigentes, tanto las de jurisdicción nacional como departamental.  Al hacerlo ahorran mucho dinero, pues continúan produciendo sin asumir los costes del tratamiento de sus residuos y desperdicios que generan.

De crearse y aplicarse una verdadera tasa ambiental, debería impedir que esto suceda, porque cada infractor tendría que asumir en términos económicos el daño ambiental que provoca. En cambio, con la tasa que se pondrá en vigencia en unos días el gobierno asegurará que en la cuenca del río Santa Lucía se sigan privatizando las ganancias y socializando las pérdidas.

Lo inexplicable de la situación es que se conoce muy bien el estado ambiental de la cuenca, así como los orígenes de la extendida contaminación que la daña desde hace tiempo.

Hemos escuchado numerosos anuncios, advertencias y promesas de las autoridades y en lugar de ver algunos resultados alentadores, ahora recibimos esta bofetada.

Columna publicada en el diario EL PAIS de Montevideo el 4/1/2017

Hernán Sorhuet Gelós
Destacado conferencista y escritor uruguayo. Educador, comunicólogo y periodista ambiental. En su vasta obra de libros de Educación Ambiental para niños, incluye temas como el cambio climático, la biodiversidad y los residuos sólidos.

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