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Orientación educativa

La república del Jueves

Miguel Hernández Labastida

Entre 1983 y 1985 Miguel Hernández Labastida escribió semanalmente en la Revista Jueves de Excélsior. Hemos emprendido el desafío de republicar algunos de estos textos que nos permiten distinguir a treinta años de distancia una suerte de aterradora actualidad, y también de incansable esperanza. En esta ocasión publicamos un texto que reflexiona sobre el Distrito Federal y su posibilidad jurídica como Estado

¡Rescate de los derechos ciudadanos!

Habiendo analizado los extraordinarios conceptos vertidos por diputados constituyentes del 57, con relación al reconocimiento que exigían de los derechos ciudadanos de los habitantes del DF, según vimos en nuestro artículo anterior, consideramos que ha llegado el momento de tomarnos en serio los habitantes de esta ciudad capital y decidamos de una vez por todas en constituirnos en el estado número ¡treinta y dos! Estado del Valle de México.

Choca al sentido común llamar con nombres distintos a lo que en substancia y esencia no corresponde a tales denominaciones. Por ello hemos creído que la respuesta procedente, directa, factible y jurídica, que debe darse al reclamo de la ciudadanía que vive en esta entidad federativa y la del pueblo todo de México, está en suprimir el concepto equivocado de que para que tengan residencia, sede o permanencia los poderes federales, sea menester o necesaria la existencia de un llamado Distrito Federal cuya población residente en el mismo, sufra en el ejercicio de sus derechos democráticos de elección de sus gobernantes, la privación de los mismos en aras de la hospitalidad que brinda a la Federación y poderes integrantes de la misma.

Es indiscutible que la Federación y los Poderes que la integran necesitan de un domicilio. Es indiscutible que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial Federal requieren de un lugar en donde estar y dicho en sentido amplio y metafórico, “de una casa en donde vivir”.

Partiendo de esta concepción, las Repúblicas Federales tienen sedes en las que residen los Poderes Federales, unas conjuntamente y algunas otras – que son las de menos por cierto—con independencia de cualquiera otras autoridades estatales o municipales.

Debe sentarse con valor que no existe ni constitucional, ni mucho menos republicana o democráticamente, razón válida para que una República Federal disponga necesariamente de un distrito territorial para sede de sus Poderes Federales en detrimento de los habitantes de tal Distrito en menoscabo de sus derechos, ni en sacrificio de sus facultades y violándose los principios democráticos que por su jerarquía se ubican en el más alto nivel.

En efecto: si como hemos reconocido anteriormente, la Federación requiere de un lugar donde residan sus Poderes, ello cae en la posibilidad de que tal lugar sea o pueda ser la ciudad capital de la República Federal de que se trate.

No hay ninguna justificación de tipo constitucional o doctrinal para que las Repúblicas Federales necesiten de un Distrito Federal que, siendo sede de los Poderes Federales, su territorio y sus habitantes se rijan no sólo en forma distinta a las demás partes integrantes del territorio nacional, sino que peor aún, se sacrifique a los moradores de tal territorio de sus más caros e irrenunciables derechos democráticos y republicanos.

Partiendo de la premiosa anterior resulta fácil concluir en que, si desde ningún punto de vista es necesaria la existencia de un Distrito Federal –mucho menos con la extensión exorbitante que tiene el Distrito Federal de los Estados Unidos Mexicanos—debe desaparecer la subsistencia de tal Distrito, máxime si con ella se vulneran los derechos republicanos y democráticos de más de doce millones de habitantes que, contrariamente a sus demás hermanos de la República Mexicana, no tienen ni siquiera el mínimo derecho de regir por sí mismos sus propios destinos.

Por congruencia lógico-jurídica; por respeto a nuestras instituciones republicanas y democráticas; por honestidad representativa de más de doce millones de habitantes que hasta hoy residen en lo que se llama Distrito Federal, y por servicio a la comunidad nacional en toda su extensión, creemos que ha llegado el momento de que el Distrito Federal desaparezca y en su lugar se erija el Estado del Valle de México como una más de las partes integrantes de la Federación, conservando la ciudad de México por su condición cultural, económica y política, la hospitalidad que merecen la federación y los Poderes que la integran, sin que con ello pueda crearse conflicto alguno jurisdiccional dadas las áreas competenciales de Federación, Estados y Municipios previstas por la propia Constitución, adquiriendo así los habitantes del Estado del Valle de México por vez primera, desde que nuestro país nació a la vida independiente, el derecho democrático del que hasta hoy se ha visto mutilado como precio de la anfitrionía dada a la Federación que ha pagado con creces durante más de ciento cincuenta años de vida independiente, durante los cuales esta población no ha podido –por habérsele privado de ello gobernarse por sí misma y regir sus propio destinos al igual que sus hermanos del resto de la República.

Jueves de Excélsior 11 de diciembre 1983

Miguel Hernández Labastida
Político mexicano, miembro del Partido Acción Nacional, ha sido Diputado Federal y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

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