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Deserciones

Lo ético, lo estético y lo patético del Sistema Educativo Nacional

Alfredo Villegas Ortega


México, sin rumbo educativo

Un país sin rumbo educativo, es un país sin futuro. México no tiene un proyecto educativo. No lo tiene, por múltiples motivos. El principal es por la falta de visión y compromiso de los encargados del diseño de tan relevante política pública. Vamos, en México, las políticas públicas no se orientan al mejoramiento de las mayorías, de lo que es de todos: Las políticas públicas sirven para vestir de benefactor a un estado que hace tiempo que dejó de serlo. Sirven para distraer cantidades importantes del presupuesto, que no siempre se traducen en beneficios colectivos o con alcances sustantivos para la población que más lo requiere.

En ese escenario está la educación. Únicamente se piensa en rentabilidad; certificación; calificación de la mano de obra; válvula social (hace tiempo que dejó ser promoción social); inercias institucionales; modas pedagógicas; copias inadecuadas y extemporáneas de modelos fracasados en otros países; repetición de esquemas funcionalistas más apropiados a una tradición empresarial; reformas ‘novedosas’ que apuntan, más bien, a un retroceso de conquistas laborales de los educadores; supeditación a grupos conservadores y oligarcas con rostro de progresistas como Mexicanos Primero; mafias de académicos y ‘expertos’ que han exprimido la savia de la SEP durante años en carácter de asesores, subsecretarios, directores generales, etc.; cerrazón ante las justas demandas magisteriales en la participación y diseño de auténticas políticas educativas; connivencia, dependencia o sometimiento (según la correlación de fuerzas) de un SNTE que sirve de balance, contrapeso o cómplice de un negocio jugoso para unos cuantos; asfixia de las escuelas Normales, convirtiéndolas a los ojos de la opinión pública, en recintos sin compromiso social, disfuncionales y anacrónicos con los que hay que acabar para que ‘el país progrese’; proyectos sexenales que fracasan, una y otra vez, mientras la niñez y la juventud se alejan, cada vez más, de ese país promisorio y boyante del que hablan sus gobernantes.

Una verdadera política educativa abriría los cauces de comunicación con la sociedad, pues es ésta su principal destinataria. Antes de darle la voz y el poder de decisión a ‘expertos’ que son campeones del fracaso, habría a que tener el valor para escuchar a los maestros; por delante de la imposición arbitraria de reformas absurdas, se tendría que determinar, en foros realmente abiertos y sin cartabones inducidos, qué es lo que realmente debe cambiar en la educación, por dónde hay que empezar y bajo qué condiciones reales de operación y recursos para garantizar resultados.

Hay muchas puertas que tocar y varios los planteamientos que surgirían de una apertura real. La educación es una obligación del Estado, pero ninguna consideración cabe cuando los diseños pedagógicos son excluyentes y anacrónicos; cuando las condiciones laborales para las prácticas educativas son degradantes, asfixiantes y en las que no existen los tiempos ni las condiciones para desarrollar ambientes de aprendizaje adecuados a los nuevos tiempos. No basta con incorporar insumos tecnológicos (por lo demás insuficientes y sin las redes necesarias para extraerles el beneficio esperado); no basta con dotar de libros de texto a todos los niños; no basta con mostrar eficiencia terminal si no se corresponde con verdaderos criterios de promoción social.

Una política educativa seria y responsable, tendría que ser parte de un diseño de políticas públicas sustentables que garanticen el bienestar de la población, de manera que las brechas de desigualdad se vayan cerrando paulatinamente. Parafraseando a Bertolt Bretch: ¿De qué valores y beneficios educativos les hablamos a los niños y jóvenes cuando éstos están con el estómago vacío? O bien, ¿qué rentabilidad, promoción y aspiración ofrece una escuela cuyos autores centrales son menospreciados por un Estado omiso de su gran responsabilidad?

Antes de pensar en reformas como las que se han aprobado, hay que hacer del diálogo la plataforma que impulse la conversión real de nuestras escuelas. Escuelas con recursos: modelos de gestión escolar no inducidos, acordes a la decisión de la comunidad escolar y de las necesidades reales de cada institución; jornadas laborales con cargas académicas pertinentes para que los maestros y maestras ejerzan su labor sin convertirse en burócratas que no encuentran conexión real entre lo que establece la realidad y los tiempos marcados por la autoridad; mejoramiento sustancial del salario de los educadores, sin estar supeditados a esquemas de promoción que, en los hechos, ni muestran quiénes son los mejores maestros, ni mejoran la calidad educativa y sí, en cambio, generan prácticas de simulación y corrupción; apertura democrática en las escuelas en la toma de decisiones, desde las académicas hasta las que tienen que ver con la elección de dirigentes sindicales y un largo etcétera.

Mientras se siga pensando que con un examen estandarizado se puede determinar qué maestros se quedan y cuáles han de irse, estamos fritos. La propia autoridad sabe que la evaluación supone un proceso mucho más amplio. Ni ellos creen que de esa manera podemos medir el desempeño de los profesores, por más que ahora hayan corregido y hablen de tutores que vigilarán el desempeño de los profesores. Vamos, el reloj educativo parece que camina al revés.

Un buen maestro se evalúa en los hechos: al dar clase; cuando genera ambientes de aprendizaje adecuados; si puede seleccionar, críticamente, cuáles son los contenidos, tiempos y estrategias que habrá de utilizar, sin corsés de la autoridad o de los programas, sino en función de las necesidades reales de sus alumnos, previa exploración y diagnóstico de los mismos y en acuerdo con un consejo escolar; si utiliza los recursos que haya a su alcance (si es que existen); al mostrar resultados de acuerdo al tipo de escuela en la que trabaje, la zona en la que se encuentre, el abandono o apoyo que tengan los hijos de sus padres; si se prepara continuamente en diversos foros, instituciones o por diversos medios calificados, y no sólo con el menú, regularmente arcaico que ofrece la autoridad, dándole el tiempo y las facilidades necesarias para hacerlo, sin reducir su necesario descanso, vital para la salud mental. (Si los funcionarios educativos piensan que es tarea fácil, que se metan un día completo a una secundaria a dar siete o más horas de clase seguidas, a ver cómo terminan)

Eso, en efecto, es muy difícil de medir. Eso implicaría, además, medir otras cosas, entre ellas las disposiciones absurdas que emite la autoridad y no creo que quieran hacerlo. Entonces, parece, que las autoridades están en el camino equivocado. Antes de medir con exámenes obsoletos, que se abran al diálogo constructivo y las soluciones serán otras: se atenderán las causas y no los efectos. Se verá que una escuela digna y con horizonte es aquella donde los profesionales encargados de la tarea son vistos como el motor de los cambios. Son tratados profesionalmente, y se diseñan políticas de estímulos y no de sanciones. Cuando se piense en otra sociedad. En niños y jóvenes bien alimentados y atendidos. En un país más justo. En modelos pedagógicos acordes a nuestra realidad.

Las disposiciones draconianas que hasta ahora ha mostrado la autoridad, su grupo político de origen y los grandes intereses económicos a los que están sometidos, nos hacen pensar que de ese lado no está la solución, sino en la resistencia crítica, combativa, preparada y digna del magisterio para que, tarde o temprano, junto a otros movimientos sociales y de reivindicación popular, las cosas den la vuelta, aunque haya que dedicarle mucho tiempo a las tareas específicas de cada quién y a la articulación de los grupos y los esfuerzos.

Alfredo Villegas Ortega
Maestro en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional y Académico de la Escuela Normal Superior de México.

abelroca. 27 de Agosto de 2014 19:20

ni mas , ni menos

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