Tacuarembó se suma

Aunque en el pasado ha habido varios ejemplos de iniciativa populares —que le han marcado el rumbo al sector político y a las autoridades de turno en temas específicos— ahora se advierte una mayor iniciativa, madurez y organización para conseguir los resultados buscados.

Una de las razones de esta evolución tiene que ver con el acceso a la información. Es posible consultar documentos, investigaciones, opiniones expertas de manera casi instantánea, sin que las fronteras políticas sean obstáculo alguno.

Ante la posibilidad real de que se autoricen en el país grande proyectos de explotación metalífera a cielo abierto, primero fueron las Juntas Departamentales de Paysandú y Lavalleja, y ahora la de Tacuarembó, las que se manifestaron en contra, declarando a esos territorios libres de tales emprendimientos.

Son respuestas concretas de los legisladores departamentales ante las demandas recibidas de importantes grupos organizados de las comunidades locales que, en definitiva, son los que los eligieron como sus representantes para que tomen decisiones que defiendan sus derechos a tener una mejor calidad de vida.  

El pasado 29 de noviembre, la Junta Departamental de Tacuarembó declaró al departamento libre de minería metalífera y diamantífera a cielo abierto, y libre del uso de la técnica de fracking para la extracción de hidrocarburos no convencionales, por los enormes impactos ambientales que provocan.

Contó con los votos de todos los ediles blancos y colorados (24), aunque tuvo la negativa de los ediles frenteamplistas (7) —aún alguno que lo hizo por “disciplina partidaria”.

Si bien en 2004 el entonces intendente —y hoy senador— Eber Da Rosa y la Junta de Tacuarembó decretó la ordenanza departamental de desarrollo y ordenamiento territorial, declarando de interés departamental sus recursos ambientales y culturales (incluyendo el agua, el suelo, el subsuelo, los humedales, los cursos de agua y montes indígenas, los afloramientos rocosos y los ecosistemas frágiles), la actual iniciativa pretende ir más profundo en el desarrollo sustentable departamental.

Esto se ha concretado con la prohibición de actividades probadamente dañinas de los recursos naturales renovables.

Estamos convencidos de que estas respuestas políticas a las crecientes demandas sociales de que se gestione racionalmente los ecosistemas y cuiden los servicios ambientales que sostienen la vida de las personas, fortalecen la democracia uruguaya.

No es casualidad que las Juntas Departamentales de Treinta y Tres y San José en este momento estén trabajando en prohibiciones similares.

Si bien existen opiniones encontradas en cuanto a la conveniencia o no de embarcar al país en estos proyectos de explotación de algunos de sus recursos naturales no renovables, a la luz de lo que está sucediendo es evidente que la sociedad uruguaya debe tomar ahora una decisión trascendental en cuanto a la megaminería.

Sobre todo porque en este punto se trata de un camino sin retorno, ya que una vez que se autorice un emprendimiento de este tipo será difícil dar marcha atrás sin enfrentar onerosas responsabilidades patrimoniales. Por eso, se debe estudiar a fondo antes de tomar una decisión.

 Columna publicada en el El país de Montevideo, 4 de diciembre de 2013